Fiscal del Distrito pide al inspector Juan Medina presentar pruebas de la acusación en su contra

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La Fiscal del Distrito Nacional intimó al Inspector general de la Procuraduría General de la República que Juan Medina para que presente pruebas de la acusación en su contra.

Rosalba Ramos, reaccionó la tarde de este lunes a la información de que está siendo investigada por supuestas irregularidades en que habría incurrido y dio a conocer que solicitó, mediante acto de alguacil, que el procurador general adjunto Medina de los Santos, le entregue todas las pruebas sobre las cuales sustenta la acusación contra ella.

Ramos dio a conocer la información en su cuenta de Twitter @RosalbaRamos_, con un mensaje en el que muestra el documento de intimación contra el Inspector General del Ministerio Público, Juan Medina, procurador general adjunto, y con el mensaje siguiente:

“Ahora nos enteramos por prensa de que me está investigando por irregularidades en las compras de la fiscalía y por un caso que es de la Especializada de Lavado por lo tanto emplazo públicamente a Juan Medina para que responda el acto que le envié esta mañana”.

En su documento de intimación contra Medina de los Santos, la fiscal del Distrito pide al funcionario judicial que en el plazo de un día franco proceda a entregarle los documentos siguientes:

Constancia escrita de las citaciones realizadas a mi requeridora ante su despacho, en fecha 10 y 18 de junio de 2021, tal como lo dispone el artículo 22 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público y constancia escrita de todo lo tratado en las comparecencias de mi requeridora ante su despacho, en fecha 10 y 18 de junio de 2021, tal como lo dispone el artículo 22 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público.

También solicita comunicación previa y detallada de todas las pruebas que sustentan la supuesta “investigación de oficio” realizada en contra de la requeridora, magistrada Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, tal como lo disponen la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8, numeral 2 literal b), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, numerales 1 y 3, literales a, b, c, d y e) y a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional que establecen que: “las garantías de tutela judicial efectiva y del debido proceso, lejos de desaparecer o inutilizarse al tratarse de un proceso administrativo, mantienen pleno vigor y benefician el fortalecimiento de los procesos de la naturaleza del que nos ocupa”.

Alegó, además, que “cuando nuestro constituyente decidió incorporar como una garantía al debido proceso en todo ámbito, o sea judicial y administrativo, lo hizo a sabiendas de que deja atrás viejas restricciones que excluían las actuaciones que caían bajo la égida de los procesos administrativos” y por lo tanto es de vital importancia para la protección del debido proceso disciplinario , garantizar “la posibilidad de que se garantice a la persona poder contestar cada argumento esgrimido en su contra, su derecho a la defensa y el derecho a ser asistida de manera oportuna técnica y jurídicamente (sentencia TC/0011/14, de fecha 14 de enero de 2014, página 14-16).

El acto de alguacil advierte al procurador general adjunto Juan Medina de los Santos, que de no obtemperar al anterior requerimiento que la requirente (fiscal Ramos) agotará todas las vías de derecho que las leyes ponen a su disposición, incluyendo la vía penal, por violación a la Constitución, los Pactos Internacionales sobre derechos humanos, las leyes y los reglamentos.