SAN JUAN (EFE).-.- El FBI detuvo este jueves al alcalde de Guaynabo y
presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Pérez Otero, por corrupción
pública, una lacra muy arraigada en la isla y de la que recientemente se han destapado
varios casos.
Pérez Otero, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que ocupaba el cargo desde 2017, fue
arrestado en su hogar por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus
siglas en inglés).
Está acusado de conspiración para cometer soborno y pago de comisiones ilegales con
fondos federales, ayuda y asistencia en la comisión del delito de soborno y extorsión
mediante uso de derecho oficial, tres cargos que conllevan en total una pena máxima de
35 años de cárcel.
Tras conocerse estos cargos, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente
suspendió a Pérez Otero y urgió a despojarlo de cualquier propiedad municipal.
FIANZA DE 10.000 DÓLARES
El juez federal para el Distrito de Puerto Rico, Bruce J. McGivering, le impuso una fianza de
10.000 dólares asegurados por los cargos de corrupción imputados.
La vista de acusación fue pautada para el 23 de diciembre, en la que el también
presidente de la Federación de Alcaldes deberá informar a la corte su alegación de no
culpabilidad o culpabilidad.
El jefe de la Fiscalía federal, W. Stephen Muldrow, detalló en rueda de prensa que Pérez
Otero se reunía en secreto con una persona que le pagaba 5.000 dólares en efectivo
mensuales en sobornos y “kickbacks”, a cambio de mantener vigentes ciertos contratos
con el municipio.
Según el pliego acusatorio, el alcalde suspendido recibió esos pagos desde el 2019 hasta
mayo de este año, con una única interrupción en agosto de 2020, cuando dos
representantes de la Cámara fueron arrestados por sobornos.
“Cuando fue una acusación contra una persona que trabaja en la Cámara de
Representantes, eso causó una pausa para pensar que tuvo que ser más cauteloso con sus
acciones, pero ese temor no duró mucho”, explicó Muldrow.
NUMEROSAS EVIDENCIAS
La Fiscalía Federal cuenta con varias piezas de evidencia que incluye llamadas telefónicas,
grabaciones en vídeo de los pagos de soborno, mensajes de texto, contratos
gubernamentales, facturas para pagos de contratos públicos, testimonio de testigos y
cheques emitidos por el municipio de Guaynabo.
También hay fotografías, algunas las cuales fueron divulgadas en esta jornada y en las que
se ve al alcalde en un vehículo estacionado con otro individuo quien le entrega un sobre
que presumiblemente tiene dinero en efectivo adentro.
Los agentes del FBI también arrestaron a Radamés Benítez Cardona, ayudante ejecutivo
del alcalde de Trujillo, quien se declaró no culpable de conspiración para recibir sobornos y
comisiones ilegales, soborno con programas federales y extorsión mediante uso de
derecho oficial.
Este esquema de corrupción es prácticamente idéntico al que admitió el exalcalde de
Cataño, Félix Delgado Montalvo, quien la semana pasada renunció al cargo y se declaró
culpable de recibir pagos en efectivo a cambio de adjudicar contratos a una empresa.
Joseph González, el agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, expresó su esperanza
de que “la cooperación siga” para poner fin a la lacra de la corrupción gubernamental en
la isla.
“Mientras la información siga entrando, nosotros seguimos limpiando la casa. La semana
pasada estuvimos aquí y pensamos que el mensaje estaba claro. Esto solo comienza”,
advirtió.
CONDENA UNÁNIME
Tras los arrestos, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, prometió este jueves
“combatir la corrupción” en la administración pública y calificó las acciones de Pérez Otero
de “deshonrosas y repudiables”.
“Esto es inaceptable y les garantizo que seguiré poniendo todos los recursos del gobierno
para combatir la corrupción y cooperando con las autoridades federales para que todo el
que falle tenga que pagar hasta las últimas consecuencias”, aseguró en un comunicado.
El gobernador, del mismo partido político del detenido, el PNP, dijo sentirse “defraudado”
y advirtió que no descansará hasta que todos los corruptos “estén fuera del gobierno y del
partido”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier
Hernández, señaló que “hay que reformular el andamiaje legal y administrativo para
reforzar la defensa de los fondos públicos y prevenir la corrupción”.
Desde los otros dos partidos políticos de la isla también se manifestaron. Mientras el
Partido Independentista Puertorriqueño subrayó que “es hora de limpiar la casa”, el
Partido Popular Democrático afirmó que “la corrupción no tiene cabida en el servicio
público
