Juez brasileño niega indulto ejecutivo Odebrecht que dirigió división de soborno en RD desde 2014

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El Tribunal Regional Federal de la IV Región en Brasil desestimó un recurso con el que se buscaba el indulto a Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, exdirectivo de la división de sobornos de Odebrecht, un departamento que desde octubre de 2014 empezó a operar desde la República Dominicana.

Mascarenhas fue condenado en 2017 a siete años y seis meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el marco de la Operación Lava Jato.

La Justicia Federal reporta que el rechazo a la petición de indulto fue emitido por mayoría por la Sección Cuarta de la Corte el pasado 15 de octubre. En el recurso de apelación, la defensa del procesado cuestionó la decisión del tribunal, que en junio ya había denegado la concesión del indulto al exejecutivo al analizar un recurso de ejecución penal.

El tribunal reporta que los abogados del imputado solicitaron que prevaleciera el voto obtenido en dicha sentencia, a fin de considerar únicamente la pena efectivamente impuesta en cosa juzgada, a los efectos de aplicar el indulto decretado por el entonces presidente de Brasil, Miguel Temer, en la Navidad de 2017, en beneficio de aquellos condenados por crímenes cometidos sin violencia o amenaza, como corrupción o lavado de dinero.

El tribunal reporta que los abogados del imputado solicitaron que prevaleciera el voto obtenido en dicha sentencia, a fin de considerar únicamente la pena efectivamente impuesta en cosa juzgada, a los efectos de aplicar el indulto decretado por el entonces presidente de Brasil, Miguel Temer, en la Navidad de 2017, en beneficio de aquellos condenados por crímenes cometidos sin violencia o amenaza, como corrupción o lavado de dinero.

Mascarenhas fue identificado por el Ministerio Público brasileño como el responsable del sector de sobornos de Odebrecht, llamado Departamento o División de Operaciones Estructuradas, que fue trasladado desde Brasil a la República Dominicana. Esta oficina fue creada para permitir a la empresa hacer pagos no registrados.

En las declaraciones que dio el exdirectivo en diciembre de 2016, como parte de un acuerdo con la justicia brasileña, indicó que las operaciones de dicho departamento se mudaron a la República Dominicana por razones de seguridad y porque contaban con el apoyo de la estructura que tenía la empresa Odebrecht en el país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos estimó que Odebrecht repartió sobornos por aproximadamente US$788 millones en 12 países de Latinoamérica y África a cambio de contratos. En la República Dominicana la empresa admitió que pagó US$92 millones a funcionarios e intermediarios entre 2001-2014. La mayoría de esos pagos se hizo con fondos de la División de Operaciones Estructuradas.

Por los sobornos, en el país están siendo procesados en juicio de fondo los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón. Otros ocho fueron beneficiados con el archivo definitivo de sus expedientes, decisión que está bajo investigación por la Procuraduría.

“Identificamos que para bien de la familia sería mejor que se hiciese una instalación de dos oficinas donde podríamos operar”, dijo Mascarenhas en 2016. “La República Dominicana era un país que tenía un sistema de comunicación muy bueno, no tenía problemas de internet, funcionaba bien, teníamos una operación allá que podríamos dar apoyo”.

Aseguró que el traslado de la División lo decidió el entonces presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado inicialmente -en 2016 a 19 años y cuatro meses de prisión, y a finales de ese mismo año, él y otros 76 exejecutivos de la empresa firmaron un acuerdo de colaboración con las autoridades brasileñas que hizo posible reducir sus condenas.

“Nosotros trabajábamos de lunes a viernes en la República (Dominicana) y pasábamos el fin de semana en Miami en donde estarían nuestras familias, principalmente quien tenía niños pequeños estudiando”, dijo Mascarenhas al Ministerio Público brasileño.

El Tribunal Regional informa que la jueza federal Cláudia Cristina Cristofani argumentó que, dado que aún no se han cumplido los requisitos establecidos en el convenio de colaboración por parte de Mascarenhas, este no puede acudir a los tribunales pidiendo beneficios que no podrán ser otorgados o pretenda relativizar las obligaciones asumidas.