Ex Jueza critica presidente SCJ designe juez de Cámara Civil para conocer acusaciones hace PGR a varios diputados

0
33

Video- La ex jueza Katia Miguelina Jiménez no ve correcto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia designe a un juez de la Cámara Civil para que instruya los casos de varios diputados que han sido acusados por el Ministerio Público de tener vínculos con el crimen organizado.

El magistrado Napoleón Estévez Lavandier fue designado por el presidente de la Suprema Luis Henry Molina para que conozca la acusación que hace el Ministerio Público a los diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero Cabrera y Héctor Darío Féliz Féliz implicados en el caso Falcón, también conoce la imputación por lavado de activos a Rosa Amalia Pilarte.

“Mire si usted revisase casos anteriores, de años atrás, va a poder constatar que a los jueces de instrucción especial que ha designado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese momento, siempre lo era de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, eso lo estamos viendo ahora”, recordó Katia Miguelina.

Explicó que al magistrado que han designado ahora, si bien es una persona de muchas luces, muy preparado, autor de varias obras, pero es un experto en derecho civil.

“Esto no quita que lo pueda hacer, pero se le coloca en una situación difícil porque eso va a demandar de él un esfuerzo extra que no sucedería si hubiesen designado a un juez especialista en derecho penal”, dijo la reconocida académica.

Precisó que el magistrado Estévez Lavandier puede hacerlo, pero se le pudieran pasar “algunas cositas” porque no es experto en la materia.

“Y un caso como este ameritaba, por la importancia que tiene, no es que los demás casos no sean importantes, pero de este caso la sociedad espera muchas cosas, estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir, entonces pienso que debió designarse a un especialista en la Materia, reiteró.

Sobre el tema del escalafón judicial, Katia Miguelina dijo que la Asociación de Jueces Dominicanos par la Democracia ha incoado una acción de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo en aras de que ese tribunal pronuncie el cese de la amenaza latente que hay de modificar el reglamento e imponer un escalafón acorde con una resolución que modifica sustancialmente el que está vigente y que debe permanecer inalterable durante un año.