Roberto Santana culpa al Gobierno y a la PGR que nueva cárcel La Victoria no esté funcionando

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Santo Domingo.- El asesor en Sistema Penitenciario, Roberto Santana, expresó que las razones por las cuales el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras del municipio San Antonio de Guerra, aún no esté funcionando, a pesar de que ya hay edificaciones listas, se debe a dos errores: el Gobierno y la Procuraduría.

Denunció que hay un tema político, “hace tiempo que eso debió estar funcionando, pero eso tiene que ver con determinados sectores y funcionarios de la Procuraduría”

Santana, quien es asesor honorifico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, dijo que ese nuevo modelo penitenciario lo ha llevado a varios países, en algunos funcionando, incluso, pero que aquí siente que todo “va para atrás”.

Además, resaltó que ya hay una cantidad de edificios que tienen 8 meses que están listos y que fueron entregados, y que la procuraduría lo recibió y dio el visto bueno.

Santana se refirió a la situación al participar en el programa Esta Noche Mariasela para hablar del sistema penitenciario en República Dominicana.

También denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria donde el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos todas las semanas.

Asímismo, el Director Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien dijo que cada año la Oficina Nacional de Defensa Pública realiza un informe de las condiciones de detención y prisión de las cárceles del país, en el último levantamiento realizado encontraron insalubridad, cárceles lúgubres, específicamente en la cárcel de La Victoria.

“Hicimos un levantamiento y encontramos 22 personas padeciendo de cáncer, adultos mayores con enfermedades terminales y personas con extremidades podridas”.

Mientras que Juan Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que la cárcel de La Victoria “produce 100 millones de pesos mensuales”, de los que solo ocho teléfonos públicos dejan ocho millones de pesos.