SANTIAGO.-La jueza Iris Borges de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial aplazó para este martes a la 9:00 de la mañana la medida de coerción contra los 23 acusados de narcotráfico y lavado de activos denominado “Operación Falcón”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que mañana el Ministerio Público continuará presentando más 350 pruebas que testifican la culpabilidad de los encartados.
Según los abogados de los involucrados, el aplazamiento se debe por agotamiento físico.
Más temprano, la Corte de Apelación del Distrito Judicial rechazó la recusacion contra la magistrada Iris Borges, por parte de un grupo de abogados que tienen a su cargo la defensa de los imputados.
En el caso están imputados María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Contra el grupo arrestado este mes el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de “caso complejo” y prisión preventiva por 18 meses contra los arrestados en la Operación Falcón, quienes son acusados de integrar una red criminal que se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico.
Según ha establecido la investigación que realizan la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, la amplia red criminal de narcotráfico y lavado de activos movilizó grandes cargamentos de cocaína ocupados en el país y en Puerto Rico. Tenía como centro de mando, control y lavado de activos a la provincia de Santiago.
En este caso han sido ocupados más de cien vehículos de motor, más de cuatro millones de dólares, bienes inmuebles y estaciones de combustibles.
