Roberto Rosario vaticina quiebra AFPs por ganancias excesivas y no entregar proporción a trabajadores

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El dirigente político Roberto Rosario Márquez, vaticinó que el sistema de pensiones está condenado a la quiebra, va a fracasar, si rápidamente no se introducen reformas profundas que le garanticen su sostenibilidad, disminuyan los niveles de beneficios de las intermediarias, y a la vez permita que sus principales protagonistas: la causa y razón de su existencia, el que contribuye con su trabajo y sus aportes; reciban en vida una parte de su esfuerzo, su sacrificio, su ahorro.

Abogó, porque parte de las ganancias de la rentabilidad que produce la inversión del fondo por parte de las intermediarias, se distribuya entre los que aportan al sistema, los ciudadanos más vulnerables, en períodos regulares, no con el sofisma de que se le da al trabajador, pero en realidad, lo que se hace es asentarlo en libros y volver a entregárselo de nuevo a las intermediarias, para que obtengan más gananciales sobre ganancias.

El propósito es que cada cierto tiempo, al igual que las intermediarias reciben sus beneficios todos los años, así mismo los reciban, en la proporción que se determine, los dueños reales del sistema.

Dijo que se requiere un sistema de pensiones “racional y justo”, que se corresponda con la realidad y las expectativas de vida de los trabajadores con menores ingresos y condiciones de trabajo más duras, pero que al mismo tiempo garantice la continuidad del sistema.

El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, ampliando sus declaraciones sobre éste y otros temas de actualidad, al ser entrevistado en el programa Mckinngy, que produce el periodista Pablo Mackenny, el pasado sábado a las 11:00 de la noche, por el Canal 9 Color Visión; planteó que para acercarse al ideal de lograr un sistema de pensiones dignas, para protección de nuestros envejecientes, personas con discapacidad, así como los aportes por sobrevivencia.

Alertó sobre el peligro de que el actual sistema de pensiones pueda quebrar, si no se producen reformas al mismo. En tal sentido, consideró que la decisión del liderazgo político y social, de aceptar incluir este tema en el diálogo nacional, lo cual a su vez también fue aceptado por el Presidente de la República, lleva esperanza a la población.

“El actual sistema que tenemos, evidentemente se va conduciendo hacia la posibilidad de que vaya a su quiebra, y que contra el mismo se genere una adversión de la población”; dijo, y más adelante calificó de “un poco populista” el planteamiento de distribuir el 30 por ciento de los aportes.

También criticó que algunos se opongan a la distribución de los fondos, argumentando que una medida de esa naturaleza pondría en peligro la estabilidad macroeconómica. Según Rosario Márquez, “esa es la confesión de que los fondos de pensiones están siendo utilizados en otra razón que no es la que fue concebida por el legislador”. Esto significa que a estos fondos, se les está dando un uso y destino, que no fue para los que fueron concebidos al momento de su creación; enfatizó que esta utilidad está desnaturalizando los propósitos y fines de la ley.

A su entender, no es a los trabajadores a quienes corresponde mantener la estabilidad macroeconómica, porque entonces, dejaría de ser un ahorro para asegurar su vejez, y se convertiría en un impuesto, cuando su razón de ser es que sirvan para la pensión. Entiende, que lo más racional, es reducir los “grandes márgenes de ganancias” de las intermediarias, “que están convirtiendo en multimillonarios a un sector pequeño, mientras las mayorías que se sacrifican muere sin ni siquiera tocarlos”.

Puso como ejemplo que “si como consecuencia de los aportes de los fondos de pensiones, en este año se reciben mil millones de pesos, de beneficios, de gananciales respecto a esa colocación, de esa ganancia anual, o cada dos o tres años, se puede sacar una partida y distribuírsela a sus dueños. Y eso no pondría en peligro la estabilidad macroeconómica. Ni llevaría a la quiebra a los fondos de pensiones”.

Sacó a relucir las diferencias de las expectativas de vida que a su entender se dan entre sectores con ingresos de clase media, y trabajadores con ingresos limitados. De acuerdo a sus ejemplos, mientras para los primeros la expectativa de vida puede ser

de 80 años de edad; para los segundos, en realidad, está entre los 60 y 65 años de edad, precisamente el umbral, o tope de edad en que según la ley, se empiezan a recibir las pensiones, lo que les imposibilitaría de recibir los beneficios de la misma.

 

Afirmó que en República Dominicana tenemos buenas leyes, pero falta voluntad política para aplicarlas

Respondiendo a preguntas respecto de la denunciada influencia de actividades ilícitas en la política, incluyendo al narcotráfico, Rosario Márquez dijo que la República Dominicana adolece de voluntad política para aplicar la ley, en contraste con la tendencia de crear muchas leyes. En tal sentido, recordó que en su paso como presidente la Junta Central Electoral, recibió presiones por su disposición a que se respetara lo establecido por el legislador.

Dijo que diferente a 2016, en el 2020 existía una legislación que permitía el control de algunas prácticas, sobre todo, en lo relacionado al financiamiento y los gastos económicos de partidos y candidatos. Expuso incluso, la posibilidad de anular elecciones de diputados electos, si se comprueba que éstos utilizaron recursos procedentes del narcotráfico, en sus campañas.

“Si ahora mismo la Junta, el Ministerio Público, o hasta ciudadanos que pudieran ser afectados contra esos imputados, quisieran elevar una instancia, porque se comprobara que ellos usaron recursos indebidos al momento de ser elegidos, en el último proceso, pudiera conseguirse que un tribunal anule esa elección”, dijo en relación explícita a las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público.

Sus deducciones sobre el particular, se relacionan con el mandato de que todos los candidatos deben rendir un informe de sus ingresos y de sus gastos, en lo relativo a las actividades proselitistas. Sin mencionar su nombre, puso como ejemplo “el confeso narcotraficante que está en Estados Unidos”, cuya selección pudiera ser anulada de comprobarse el uso de recursos provenientes de sus actividades ilícitas, para ganar su candidatura.

Roberto Rosario Márquez dijo, que no obstante la preocupación justificada por la penetración del narcotráfico en la política, debido a la responsabilidad de sus dirigentes en la conducción del Estado; la situación es parte de lo que está permeando la sociedad dominicana en sentido general, y no exclusivamente el estamento partidario.

Otra prueba, a su entender, de la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley, puso como ejemplo las actividades proselitistas de algunos precandidatos. Citó el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que en una Rueda de Prensa, al concluir una reunión de su Comité Político, anunció públicamente una determinada cantidad de sus miembros, como precandidatos a la Presidencia de la República para el 2024, y que algunos de ellos están en abierto proselitismo electoral, pese a las sanciones que en este caso dispone el artículo 78 numeral 8 de la Ley 33-18, cuyo texto es el siguiente:

“Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.