De acuerdo con los suplidores, las empresas fueron “excluídas y perjudicadas” de manera irregular, puesto que en el proceso de licitación se alteró la apertura de ofertas para incluir a 326 empresas que no licitaron, excluyendo así a 1,003 que sí participaron debidamente.
“El Acta de Adjudicación y las firmas de los contratos amañados, además de ilegales, son inmorales y carentes de ética, por ser el resultado de operaciones corruptas y tienen que ser anuladas”, se lee en un comunicado difundido por el conglomerado.
Añadieron que las investigaciones ejecuadas por las autoridades confirmaron, en efecto, las irregularidades señaladas y las violaciones cometidas a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
También recalcan que en la licitación se beneficiaron empresarios que no entraron al portal transaccional de la DGCP, además de que violaron el criterio de evaluación de las ofertas técnicas, el de adjudicación y el tiempo máximo de 30 minutos.
No obstante, plantean que “no se vislumbra la posibilidad de hacer las correcciones y los ajustes correspondientes en tiempo hábil para corregir el daño al programa de Jornada Extendida”.
Los suplidores demandan justicia y advirtieron que hasta que no logren nuevas adjudicaciones que beneficien a las Mipymes, continuarán demandando en el Tribunal Superior Administrativo.
“Seguiremos en el Tribunal Superior Administrativo con los recursos; la justicia ordinaria con demandas por daños y perjuicios y con denuncias en los organismos internacionales, hasta lograr nuevas adjudicaciones a beneficio de los oferentes MIPYMES, cuyas propuestas cumplan con los requisitos exigidos y sean propietarios de una sola cocina en todo el territorio nacional”, señalan.
Dentro de sus demandas también figuran determinar las cantidades máximas y mínimas de raciones en que un oferente debe ser adjudicado, y readjudicar las raciones en las plazas posibles.
