Pagos millonarios en bultos por construcción de nuevas cárceles, el centro de acusación a grupo Jean Alain

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Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República investiga a Jean Alain Rodríguez y a otras 6 personas por supuestas irregularidades en los procesos de compras de esa institución, entre los años 2016 y 2020.

El corazón de la acusación en su contra es la construcción del denominado “Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”, según se ha podido confirmar.

Es dentro de ese plan de reforma carcelaria, según los fiscales, donde se señalaron las empresas de manera directa y empleados de la institución, supuestamente al servicio de Jean Alain Rodríguez, se repartían grandes sumas de dinero.

Por ejemplo, las autoridades señalan a Rafael Antonio Mercedes Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como el responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo”.

Personas con conocimiento de los trabajos que se han desarrollado indican que, supuestamente, el dinero era llevado en bultos a la oficia de Mercede Marte y luego entregados al señor Jonnathan Rodríguez Imbert.

De igual modo los fiscales destacan el supuesto pago de entidades, de empresas, para agilizar los desembolsos por parte de la Procuraduría General de la República “por servicios prestados a la institución”.

Sobre el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario los fiscales han trabajado con la tesis de  que existía una repartición en cuanto a los beneficios “por las entidades comerciales escogidas”.

Las investigadores han señalado que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles” mientras que Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales tienen la tesis de que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario habría obtenido beneficios por la parte de la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.

A Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se les señala que se beneficiaron a través de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.