Suprema se declara incompetente para juzgar a cinco de los seis imputados en el caso Odebrecht

0
101

SANTO DOMINGO.-La Suprema Corte de Justicia se declaró esta tarde incompetente para juzgar a los imputados del caso Odebrecht, a excepción del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, por su condición privilegiada

Su caso será conocido por la Sala Penal de la Suprema para poder apelar una posible condena ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Al dar su decisión, la Suprema también rechazó el pedimento del imputado Juan Roberto Rodríguez, que pidió que mantengan su caso en la alta Corte.

El pleno descontinuó la tradición de jurisdiccional privilegiada para no funcionarios, el arrastre, y se desapodera de expediente de exfuncionarios imputados en caso Odebrecht.

El 29 de mayo de 2017 el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, implicó a 14 hombres —entre ellos, empresarios, políticos (incluidos un ministro) y un abogado— de ser parte del entramado de corrupción de Odebrecht. Fueron detenidos inmediatamente diez de los imputados; además, la Procuraduría General solicitó a INTERPOL la detención del ingeniero y funcionario Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá. Así mismo se solicitó al Congreso que levante la inmunidad parlamentaria a dos senadores oficialistas y un diputado opositor. La Procuraduría solicitó ante la Suprema Corte de Justicia una medida de coerción preventiva de 18 meses.

En diciembre de 2016, el procurador general de la República inició inmediatamente la investigación de los sobornos por 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos que la empresa brasileña Odebrecht habría confesado haber pagado, según las informaciones reveladas a la comunidad internacional por el Departamento de Justicia estadounidense. La Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa, bajo el Despacho del procurador general, desarrollaría las pesquisas aperturadas de conformidad con la normativa institucional.

En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en la capital dominicana, un proceso de requisa que duró más de cinco horas. Se reportó que al menos 25 cajas de documentos fueron retiradas de las instalaciones de la empresa para ser revisadas y se decomisaron los equipos electrónicos del local contentivos de información potencialmente sensible.

El 20 de enero de 2017, el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo que agilizaría la investigación local, garantizando la entrega de material probatorio por parte de la empresa y manteniendo abierta la investigación y persecución penales contra todos los involucrados locales.

El 1 de febrero de 2017, la Procuraduría pidió copias certificadas de las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, homologadas el 30 de enero por la Corte Suprema de Justicia de Brasil.

 

 

Su