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Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, pide fortalecer lucha contra el crimen organizado y la corrupción
SANTO DOMINGO.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó al Ministerio Público a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción administrativa. “La sociedad dominicana espera y tiene derecho legítimo a obtener resultados de excelencia del Ministerio Público, es de justicia reconocer la labor de los fiscales, por su dedicación y esfuerzo de cada día, les pido que sigamos trabajando con pasión, con honestidad y vocación de servicio”, indicó la jefa del Ministerio Público. Depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria al conmemorarse el 208 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres Padres de la Patria. Reynoso dijo que seguir el legado de Sánchez es también fortalecer la persecución penal estratégica y proteger los derechos de las víctimas. Además abogó por el fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público y de todos los órganos indispensables para el trabajo del órgano acusador, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). “La sociedad dominicana espera y tiene derecho legítimo a obtener resultados de excelencia del Ministerio Público, es de justicia reconocer la labor de los fiscales, por su dedicación y esfuerzo de cada día, les pido que sigamos trabajando con pasión, con honestidad y vocación de servicio”, indicó Reynoso. La funcionaria señaló que hay que seguir el ejemplo de valentía y dedicación a la causa de la independencia y justicia que mostró Francisco del Rosario Sánchez, además de su defensa del estado de derecho. “Es seguir fortaleciendo la unidad y le eficiencia del Ministerio Público, es trabajar en equipo y hacer funcionar la colaboración del órgano acusador y las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado dominicano”, sostuvo la Procuradora General de la República. -
Abinader presenta iniciativas legislativas para combatir el crimen organizado y proteger a víctimas y testigos
SANTO DOMINGO.-La tarde de este martes el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado de la República, dos iniciativas legales encaminadas a fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
Se trata del proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
En el mensaje de remisión se afirma que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y de nuestro país, esto es, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza es categórica al tipificar la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología.
También se tipifican delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.
Por su lado, la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos.
De aprobarse esta iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual constituiría un significativo avance para la legislación moderna del país, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la equidad de garantías que debe primar entre el imputado y la víctima en un proceso judicial, al satisfacerse el mandato constitucional de asistencia legal gratuita a personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima.
En la nota de prensa circulada por la Presidencia de la República se reafirmó el compromiso del Gobierno y particularmente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en continuar trabajando en las reservas de ley pendientes desde la reforma constitucional del año 2010, a la par de las derivadas de la Constitución recién proclamada el 27 de octubre de 2024.
*Conjunto de iniciativas penales*
Los dos proyectos recién depositados en el Congreso Nacional forman parte de un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo ha venido trabajando de la mano del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de las políticas del Estado contra la criminalidad.
Se recuerda que en octubre del año pasado el presidente de la República también introdujo en el Congreso dos importantes proyectos de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y sobre el secuestro en todas sus modalidades. Ambos están siendo conocidos actualmente por el Senado de la República.
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Detienen más de 200 personas en operativos contra crimen organizado en Ecuador
ECUADOR (Agencias).-Más de 200 personas fueron detenidas en la última semana de mayo en Ecuador como parte de una serie de operativos contra el crimen organizado al estar presuntamente involucrados en delitos de extorsión, secuestro, delincuencia organizada, lavado de activos, asesinato, sicariato, tenencia de armas y microtráfico de drogas.
Entre el lunes 27 de mayo y este viernes 31 de mayo fueron capturadas 207 personas en 84 operativos ejecutados en 11 de las 24 provincias del país, donde participaron alrededor de 300 agentes y se practicaron 65 allanamientos, según reportó este viernes la Policía Nacional de Ecuador.
De acuerdo con la institución policial, con esta serie de operaciones se afectó a una veintena de bandas criminales, catalogadas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales desde que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de año la existencia de un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado.
En estos operativos se incautaron también cerca de cinco toneladas de drogas, 34 armas de fuego, 544 cartuchos, 31 automóviles, 10 motos, 166 teléfonos móviles y 17.455 dólares en efectivo.
También fueron liberadas ocho personas que se encontraban secuestradas por grupos criminales que exigían rescates a sus familias.
La operación más relevante se llevó a cabo el jueves, donde fueron capturadas 22 personas vinculadas a Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador.
Entre los 22 detenidos está Verónica B.Z., la pareja sentimental del prófugo narcotraficante José Adolfó Macías (‘Fito’), el líder de Los Choneros, que se encuentra en paradero desconocido desde que entre finales de 2023 e inicios de 2024 se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.
Un juez ordenó el ingreso en prisión para 20 de ellos, según informó este viernes la Fiscalía sobre el operativo contra Los Choneros, ejecutado en las costeras provincias de Manabí y Guayas (cuya capital es Guayaquil), dos de las siete que se encuentran en estado de excepción desde la semana pasada, llamado por Noboa como “la segunda fase de la guerra” contra las bandas criminales.
Entre los procesados hay dos mandos medios de la organización, además de administradores financieros, de seguridad y logística, colaboradores, almacenadores, distribuidores, transportistas y expendedores, que tenían como centro de operaciones el cantón (municipio de El Empalme).
Entre los delitos que la Policía vinculó a estos presuntos integrantes de Los Choneros están sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales, extorsión, narcotráfico, testaferrismo, tenencia y porte de armas de fuego y sicariato, entre otros delitos conexos.
A estos grupos de delincuencia organizada, principalmente dedicados al narcotráfico, se les atribuye el auge de la violencia en Ecuador, que en los últimos años ha pasado a figurar entre los países de Latinoamérica con más homicidios, al registrar en 2023 un tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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Ministerio Público y Policía desmantelan estructura del crimen organizado que operaba desde el Cibao
SANTO DOMINGO.-Autoridades dominicanas desmantelaron una estructura criminal dedicada al microtráfico de drogas, sicariato, tráfico de armas de fuego y otros ilícitos, mediante 41 allanamientos e intervenciones de manera simultáneas en las comunidades de Navarrete, Esperanza y Valverde.
Durante la denominada operación Control, fueron detenidas 31 personas, ocupándose siete armas de fuego, siete vehículos de distintas marcas y modelo, 12 motocicletas, distintos tipos de sustancias controladas, dinero en efectivo, celulares, un chaleco antibalas, entre otras evidencias.
Las autoridades señalan como cabecillas de la desmantelada estructura del crimen organizado a William Benedito Rivas, Silvio José Espinal Rivas y Amauri Muñoz Cruz alias Mogote.
La Operación fue desplegada la madrugada del viernes, actuaron más 250 agentes del DICRIM y unos 30 fiscales de la jurisdicción de Santiago.
Dicho proceso de investigación fue iniciado hace tres meses por la Policía, donde también participaron agentes de la Dirección de Área de Crimen Organizado, de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con representantes del Ministerio Público de Santiago de los Caballeros.
Además de los allanamientos, realizados en atención a decisiones judiciales, fueron ejecutadas ocho órdenes de arrestos dentro del operativo.
Las autoridades del Ministerio Público, bajo la coordinación del titular de Santiago de los Caballeros, Osvaldo Bonilla, empezó la etapa de individualización de responsabilidades, para en las primeras horas de este domingo presentar el caso ante la justicia y solicitar las medidas de coerción correspondientes.