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  • María Corina Machado: transición de Delcy Rodríguez desmantela aparato represivo por orden de Donald Trump

    María Corina Machado: transición de Delcy Rodríguez desmantela aparato represivo por orden de Donald Trump

    HOUSTON (AFP).-La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó en una entrevista con la agencia AFP que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Caracas se está desmantelando gradualmente por órdenes del mandatario Donald Trump, como parte de un proceso de transición.

    “El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha”.

    En cuanto a su situación personal, Machado reiteró que prevé regresar a Venezuela. “Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, lo aseguro”, respondió.

    Machado, quien participa en el foro mundial de energía CERAWeek en Houston, confirmó que impulsa oportunidades de inversión en Venezuela, mientras se producen cambios políticos y económicos de gran alcance en el país sudamericano.

    “Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción”, aseguró.

    Por su parte, la dirigente opositora explicó que la apertura del sector petrolero, tal como la están planteando, sería inédita en el país: una privatización total, con el Estado como regulador y promotor de la inversión extranjera.

    Luego, en torno a a la transición propuesta por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio describió que contempla tres etapas, no necesariamente secuenciales, que culminan en la celebración de elecciones presidenciales libres y la conformación de nuevas autoridades legítimas.

    Siguiendo con esa línea, Machado relató que mantuvo nuevos contactos con Trump: “Sí, he vuelto a hablar con el presidente. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela”, afirmó ante AFP.

    El 9 de enero, tras meses en la clandestinidad, María Corina Machado fue retenida durante varias horas cuando reapareció en público; denunció haber sido víctima de violencia y coacción, aunque las autoridades lo negaron y organismos internacionales confirmaron la detención.

    A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado procesos judiciales, restricciones de movilidad, agresiones en actos públicos y amenazas, además de participar activamente en movilizaciones masivas y encuentros con referentes internacionales.

    Ella proyecta una transición política en Venezuela basada en la participación de toda la sociedad y en la construcción de consensos amplios, con el objetivo de asegurar un proceso inclusivo y estructurado para el país.

    En cuanto a su rol futuro, prevé aportar al país donde sea más necesario y participar en los próximos procesos políticos. “Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil”, agregó.

    En paralelo al proceso de transición, Caracas impulsa gestiones diplomáticas para recomponer la relación bilateral con Estados Unidos.

    Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington para iniciar la normalización de las relaciones, rotas desde 2019, y asumir la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

    El objetivo es instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes, documentos de viaje y legalizaciones, y restablecer la atención a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.

    La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció: “Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos”.

    El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que habilita a instituciones y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas.

    Esta disposición autoriza la apertura de cuentas corrientes, procesamiento de transferencias, pago de nóminas y adquisición de servicios básicos para la operatividad de la embajada y los consulados.

    El esquema busca garantizar que las representaciones diplomáticas cubran necesidades operativas básicas en un entorno aún condicionado por las sanciones. También contempla la posibilidad de que los funcionarios y sus familias accedan a bienes y servicios para uso personal, sin fines comerciales.

    El inicio de esta nueva etapa coincide con gestiones de Caracas para solicitar el levantamiento de las restricciones. Delcy Rodríguez subrayó: “le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, durante un encuentro con inversores transmitido por Venezolana de Televisión.

    Mientras tanto, la situación judicial de Nicolás Maduro mantiene un papel central. El ex dictador comparecerá nuevamente esta semana en un tribunal de Nueva York, enfrentando cargos graves.

    Tanto él como su entorno más cercano, incluida Cilia Flores, permanecen bajo la supervisión de la justicia estadounidense.

  • Contrataciones Públicas desmantela una estructura de proveedores que manipulaba los procesos de contrataciones con el Estado

    Contrataciones Públicas desmantela una estructura de proveedores que manipulaba los procesos de contrataciones con el Estado

    Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR)remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico que documenta la existencia de una estructura organizada de proveedores que, mediante prácticas fraudulentas, habría manipulado procesos de contrataciones con el Estado, incurriendo además en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.

    El informe, elaborado conjuntamente por la DGCP y la Unidad Antifraude de la CGR, a partir del análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información, revela la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.

    La DGCP informó que entre las empresas identificadas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, así como otras asociadas, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.

    El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.

    El análisis concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.

    Mediante una nota de prensa, la DGCP informó que oportunamente remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación de posibles acuerdos colusorios y de manipulación del mercado en las contrataciones públicas.

    Pimentel reafirma compromiso con la transparencia

    El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró el trabajo conjunto con la Unidad Antifraude y reafirmó el compromiso institucional de proteger los recursos del Estado y garantizar la transparencia del sistema.

    “Este informe, fruto de la cooperación entre la DGCP y la Unidad Antifraude, demuestra la efectividad del control preventivo y el análisis técnico de datos en la detección de estructuras fraudulentas. Estas prácticas atentan contra la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el patrimonio público. Hemos remitido toda la información a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y apliquen las sanciones de lugar”, afirmó Pimentel.

    De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude de la CGR, explicó que el trabajo técnico permitió detectar patrones de colusión, intercambio de roles entre oferentes y uso de información privilegiada. “El uso avanzado de herramientas analíticas, la trazabilidad de los datos y la coordinación interinstitucional fueron claves para identificar este entramado. Este informe es un ejemplo del impacto positivo del trabajo conjunto entre las instituciones de control para fortalecer la integridad de las contrataciones públicas”, señaló Peña.

    Entre las medidas adoptadas por la DGCP para la identificación del entramado se destacan el monitoreo constante de los procesos de contratación y la presencia de un oficial de cumplimiento que condujo a la emisión de la circular DGCP44-PNP-2025-0008, que aclara el uso de la Carta de autorización del fabricante, eliminando su exigencia como mecanismo restrictivo de la participación de oferentes.

    Estas acciones, junto con el uso intensivo del SECP, el análisis de datos históricos y la implementación de alertas de riesgo y trazabilidad en los procesos, permitieron identificar patrones, vínculos y conductas recurrentes que sustentan la detección de las prácticas fraudulentas documentadas en el informe.

    Con esta acción, la DGCP y la Unidad Antifraude reafirmaron su compromiso con la transparencia, la integridad y la lucha contra el fraude y la corrupción en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, manteniendo su disposición de colaborar estrechamente con los órganos de control y persecución en defensa del patrimonio del Estado y el interés ciudadano.Copy URL

  • Migración desmantela centro organizaba viajes de haitianos ilegales

    Migración desmantela centro organizaba viajes de haitianos ilegales

    PEDERNALES.– La Dirección General de Migración (DGM), informó que desmanteló un centro de organización de viajes para haitianos indocumentados que operaba una familia dominicana en el sector Los Cayucos, de Pedernales.

    El organismo responsable de ejercer el control de los flujos migratorios en territorio nacional informó que el descubrimiento y desalojo del punto de trata de personas se hizo durante un operativo de sus agentes de interdicción, quienes actuaron acompañados por el fiscal titular de la provincia fronteriza, Delbio Heredia.

    En el lugar fueron detenidos los responsables del centro ilegal, Alonso Matos Medrán y Yolanda Matos Medrano, así como catorce (14) haitianos en condición irregular, de los que once (11) son hombres y tres (3) mujeres.

    Los dominicanos comprometidos en el delito fueron entregados a la Policía Nacional, para los fines correspondientes, mientras que los nacionales haitianos indocumentados fueron retenidos para proceder a deportarlos.

    La DGM reafirmó que será inflexible en la aplicación de la Ley 285-04 y el Reglamento No. 631-11, para regular la extranjería y el control migratorio de las fronteras dominicanas, pero que tampoco permitirá que personas inescrupulosas abusen de la dignidad y el derecho de los ciudadanos extranjeros.

    “Todo nuestro accionar se ejecuta bajo estrictos protocolos que garantizan los protocolos de respeto y humanidad”, dice la nota.

  • Obras Públicas continúa operativos de echar a tierra casuchas y tarantines en la autopista Duarte

    Obras Públicas continúa operativos de echar a tierra casuchas y tarantines en la autopista Duarte

    SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su Unidad de Control de Derecho Vial (CODEVIAL) continuó este fin de semana con los operativos de embellecimiento y seguridad en la Autopista Duarte.

    En ese sentido, decenas de hombres de dicha unidad intervinieron el tramo próximo al Cruce de Piedra Blanca, Bonao, en dirección Santiago Santo Domingo, específicamente en la comunidad Arroyo Vuelta, kilómetro 67, donde desmanteladas cinco casetas grandes y varios tarantines de palos que violaban la Ley 1474-38 y sus modificaciones.

    Una nota informativa de Obras Públicas señala que hace varios días los propietarios de esos negocios fueron notificados por abogados de la institución.

    Señala que el operativo se suscribe dentro de la iniciativa de ampliación y remozamiento de la principal autopista de República Dominicana, pero además, tratar de brindar más esplendor y seguridad a quienes se desplazan por ese lugar.

    Los dueños de esos negocios, instalados en la calzada de la Autopista Duarte, que se dedicaban a la venta de frutas, víveres y pellizas.

    El desmonte de esas casetas inició la pasada semana en esa carretera, cuando fueron derrumbadas 28 casetas construidas de manera ilegal en la cercanía donde se construye el nuevo peaje del Kilómetro 32 en la Autopista Duarte.

    El MOPC afirmó que seguiría con el desmantelamiento de las obras que violen el derecho de vía.