Santo Domingo.– Los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas para equilibrar la libertad de expresión con la regulación de las plataformas digitales fueron analizados durante una conferencia celebrada en el auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
La actividad fue organizada por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El encuentro contó con la presencia del expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández; la rectora del IGLOBAL, Josefina Pimentel; y representantes de UNESCO en la República Dominicana, entre ellos Elena Nápoles, Franklin Tejeda y Juan Antonio Hernández Inirio.
También asistieron jueces, exjueces, académicos, periodistas, juristas y estudiantes interesados en los retos que plantea el ecosistema digital para el ejercicio de la libertad de expresión.
La conferencia, titulada “Libertad de expresión, grandes plataformas, regulación y moderación de contenidos”, fue dictada por el experto internacional Joan Barata, quien analizó el creciente papel que desempeñan las grandes plataformas tecnológicas en la definición de los límites del discurso público.
Durante su exposición, Barata explicó que uno de los elementos fundamentales para comprender jurídicamente el funcionamiento de las plataformas digitales es distinguir entre lo ilegal y lo nocivo.
“El ámbito de lo ilegal en las plataformas es el mismo que existe fuera de internet: no se puede difamar, no se puede incitar al crimen ni promover discursos de odio. Eso continúa siendo igual”, señaló.
Sin embargo, advirtió que las plataformas cuentan con la capacidad —y, en muchos casos, con respaldo jurídico— para decidir de forma privada qué consideran nocivo dentro de sus espacios digitales.
Según explicó, estas empresas adoptan diariamente millones de decisiones algorítmicas que terminan influyendo de manera significativa en la configuración del debate público.
“Las plataformas, de forma algorítmica, adoptan millones de decisiones al día que tienen mucho más poder en la conformación de lo que es aceptable y lo que no es aceptable que un legislador o un juez”, afirmó.
El especialista indicó que esta realidad ha generado un escenario en el que la moderación de contenidos no depende únicamente del derecho, sino también de criterios corporativos, políticas internas y sistemas algorítmicos que influyen en la conversación pública global.
Asimismo, advirtió que en muchos casos los intentos de regular las plataformas buscan resolver problemas sociales más profundos que no pueden solucionarse únicamente mediante tecnología o legislación digital.
En ese sentido, señaló que debates como la protección de menores en internet involucran dimensiones mucho más amplias, que incluyen la educación, la responsabilidad familiar, el papel de las escuelas y el funcionamiento de las comunidades.
Barata también hizo referencia a lo que denominó la “tentación tecnosolucionista”, es decir, la creencia de que la tecnología por sí sola puede resolver problemas que en realidad tienen raíces sociales mucho más complejas.
Durante su intervención abordó además distintos modelos regulatorios que actualmente se discuten a nivel internacional, incluyendo el enfoque de Estados Unidos basado en la Primera Enmienda y la Sección 230, así como los modelos impulsados por la Unión Europea a través del Digital Services Act, que establecen nuevas obligaciones de transparencia y supervisión para las plataformas digitales.
