Madrid (EFE).- Las autoridades españolas abrieron este jueves el plazo para presentar solicitudes dentro de su proceso masivo de regularización extraordinaria de migrantes, bajo el que está previsto garantizar permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que hoy viven en el país sin muchos de sus derechos reconocidos.
Este proceso está dirigido a aquellas personas en situación irregular, y sin antecedentes penales, que hayan residido al menos cinco meses en territorio español antes de que terminara 2025 o solicitantes de asilo con petición hecha hasta el 31 de diciembre.
Las autoridades migratorias españolas esperan, de hecho, que la mitad de estas regularizaciones beneficien a esos solicitantes de asilo.
Coincidiendo con el arranque de la presentación de solicitudes, la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró hoy que el Gobierno dará respuesta a todas las solicitudes realizadas correctamente hasta el 30 de junio, cuando termina el plazo de presentación.
Aunque no proporcionó una cifra exacta, Saiz indicó que las solicitudes se están presentando «a buen ritmo» desde la madrugada.
Las solicitudes se pueden realizar desde este jueves telemáticamente, por lo que es necesario disponer de certificado electrónico o presentar a través de un intermediario profesional habilitado o de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.
A partir del 20 de abril se podrán realizar de manera presencial en las Oficinas de Extranjería de las ciudades de Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en 60 oficinas de la Seguridad Social y en 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50,00 habitantes.
El permiso de residencia que se concederá en virtud de este proceso será de un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, aunque no servirá a nivel europeo.
Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite se dará, además, una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.
Pasado un año desde la concesión del permiso, los beneficiarios deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería que les permitan residir de forma legal en España.
