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  • Fiscalía española archiva querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

    Fiscalía española archiva querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

    MADRID (AGENCIAS).-La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata, interpuesta por dos antiguas trabajadoras, tras una investigación periodística divulgada por elDiario.es.

    El Ministerio Público fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. También en la falta de competencia de la propia Fiscalía para conocer los hechos denunciados. Según el órgano acusador, los supuestos delitos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

    Además, el artista, de 82 años, no reside en España ni mantiene en ese país su centro de vida. También intereses o actividad principal, pese a poseer propiedades inmobiliarias en territorio español.

    La defensa de Iglesias, encabezada por el abogado José Antonio Choclán, había solicitado esta semana el archivo de las diligencias por considerar que España no tiene jurisdicción para investigar los hechos. Posteriormente, también pidió acceso a la denuncia presentada, solicitud que fue acogida.

    Aunque elDiario.es publicó el inicio de su investigación el pasado 12 de enero, la Fiscalía ya había comenzado a indagar el caso a inicios de mes, antes de decidir su archivo definitivo.

    Las denunciantes, una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron para el cantante en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, alegaron haber sufrido tocamientos. También insultos y humillaciones durante su jornada laboral. Una de ellas tenía entonces 22 años, mientras Iglesias contaba con 77.

    Tras la repercusión mediática del caso, el artista negó públicamente las acusaciones a través de su cuenta de Instagram. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”, expresó, asegurando que nunca incurrió en los hechos denunciados.

  • Recuperación del Patrimonio Público se querella por fraude a Senasa; trabajarán caso de manera honorífica

    Recuperación del Patrimonio Público se querella por fraude a Senasa; trabajarán caso de manera honorífica

    Santo Domingo. El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) depositó este martes una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el que calificó como “un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos”.

    De acuerdo con la información ofrecida, la querella está dirigida contra todas las personas físicas y jurídicas identificadas hasta este momento por el Ministerio Público como presuntos involucrados, sin descartar futuras inclusiones en función del avance de la investigación.

    El ERPP informó, además, que asumirá este caso de manera absolutamente pro bono, es decir sin cobrar honorarios, ni percibir remuneración alguna, así como tampoco comisiones ligadas a lo que eventualmente se recupere.

    “Por la especial sensibilidad de este expediente y por lo que representa para millones de afiliados de Senasa, hemos decidido asumir esta representación sin cobrar un solo centavo al Estado dominicano”, indicó el ERPP.

    Asimismo, enfatizó que la decisión la toman para que ningún costo adicional se sume al daño ya sufrido por los millones de dominicanos y dominicanas que han sido vejados, estafados y puestos en riesgo por esta red delincuencial.

    El colectivo precisó que, como en otros procesos en los que ha intervenido, trabajará en estrecha coordinación con el Ministerio Público, respetando sus competencias constitucionales y legales, pero ejerciendo plenamente su condición de querellante y actor civil, a fin de que la dimensión patrimonial del daño no quede impune y se logre recuperar la mayor cantidad posible de recursos sustraídos.

    “Este caso toca lo más sensible de una sociedad: la salud de su gente, en especial la de los más humildes y los más necesitados”, advirtió el ERPP, “actuamos en nombre y representación del Estado dominicano y de Senasa, con el objetivo de que, los responsables sean obligados a reparar íntegramente el daño causado, y resarcir los perjuicios provocados a la institucionalidad y, sobre todo, al pueblo dominicano”, destacaron.

    Según detalla la querella, el caso describe una trama que va desde el pago de sobornos millonarios y el falseamiento de documentación para desviar recursos destinados a medicamentos y procedimientos médicos, hasta prácticas médicas que el ERPP califica como moralmente insoportables.

    “No hablamos de simples irregularidades administrativas, sino de un esquema que constituye un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos, posiblemente el más cruel atentado hasta ahora documentado en el país en materia de servicios de salud financiados con fondos públicos”, sostuvo el equipo de abogados.

    Finalmente, el colectivo adelantó que acompañará al Ministerio Público en todas las etapas del proceso, impulsando que la investigación “llegue hasta las últimas consecuencias, sin importar quién resulte comprometido, sus vínculos o su posición social”, y haciendo énfasis en la recuperación efectiva de los recursos distraídos.

    “Nuestro compromiso es claro: cada peso que vuelva al patrimonio público debe traducirse nuevamente en acceso a servicios de salud dignos para la gente y el fortalecimiento de Senasa. Ese es el centro de nuestra intervención en este caso”, concluyó el ERPP.

    *Sobre el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público*

    El ERPP es un colectivo de abogados contratado por el Poder Ejecutivo para representar al Estado dominicano y a las entidades públicas víctimas de corrupción, con la misión de ejercer todas las acciones penales y civiles que la ley reconoce a la víctima, incluyendo la presentación de querellas, la constitución en actor civil, el reclamo de daños y perjuicios y la persecución de la restitución de bienes y fondos públicos.

  • Denuncian ante Pepca desfalco millonario en la Digesett en gestión del Gral. Guzmán Peralta

    Denuncian ante Pepca desfalco millonario en la Digesett en gestión del Gral. Guzmán Peralta

    Santo Domingo, R.D. – El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU) ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por un presunto desfalco de más de 241 millones de pesos en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

    Según la denuncia, el desfalco habría ocurrido durante la gestión del general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la institución.

    En declaraciones a la prensa, CONADEHU detalló que su director ejecutivo, Nelson Gutiérrez, depositó la denuncia basada en los hallazgos de una auditoría interna.

    El informe señala que los presuntos implicados serían Guzmán Peralta, así como sus asistentes especiales, el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez.

    La organización civil también acusa al presidente del Colegio Dominicano de Locutores (CDL), Wilfredo Cordero, de estar involucrado en el caso. Cordero habría intentado suspender la auditoría interna que reveló el desfalco, según los documentos presentados por CONADEHU.

    De acuerdo con CONADEHU, la auditoría halló “procedimientos anómalos” en la gestión, incluyendo pagos, bajas de actas y contrataciones no autorizadas, que carecen de soportes legales. La organización hizo un llamado al Ministerio Público para que investigue a fondo el caso y tome las medidas necesarias.

    La denuncia incluye varios documentos como evidencia:

    -Un memorándum del director general de la Policía Nacional ordenando la auditoría a la Digesett.
    -El informe detallado del desfalco de 441 millones de pesos, firmado por los generales retirados Valerio Liriano Frías y Juan Luis González Reynoso, y la mayor Miledy Díaz Martínez, con sus anexos y pruebas correspondientes.
    -Una copia de la denuncia presentada por oficiales de la Policía Nacional.

    Esta investigación podría tener implicaciones significativas para la cúpula de la DIGESETT y la Policía Nacional, y se espera que la Procuraduría actúe con celeridad para esclarecer los hechos.

  • Instituto Duartiano desestima disculpas de autora de ultraje al himno nacional y asegura puede ser juzgada pese a residir en el exterior

    Instituto Duartiano desestima disculpas de autora de ultraje al himno nacional y asegura puede ser juzgada pese a residir en el exterior

    SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano, encabezado por su presidente, doctor Wilson Gómez Ramírez, formalizó este lunes una denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Yoseli Castillo Fuertes, por ultraje e injuria al Himno Nacional Dominicano, tras su modificación por parte de un colectivo LGBT.

    En rueda de prensa, la entidad patriótica calificó la acción como “deleznable” y “cometida con inequívoca grosería”, asegurando que inflige “una honda herida en el sentimiento patriótico del pueblo dominicano” y atenta contra “la respetabilidad, la honra y la memoria de los dominicanos”.

    “He dicho que nosotros depositamos hoy mismo lo que la ley 210 establece que puede hacer el Instituto Duartiano: apoderar a la Procuraduría General de la República, vía la Fiscalía del Distrito Nacional, como las cabezas importantes del Ministerio Público… Den ejemplo al respecto”, declaró Gómez Ramírez.

    El presidente de la institución desestimó las disculpas públicas ofrecidas por Castillo Fuertes, quien alegó desconocimiento de la gravedad de la ofensa.“No vale nada, eso no es disculpa. Ya ese delito se cometió, no solo por un hecho instantáneo, sino que es un delito que está en redes sociales caminando el mundo por siempre”, sentenció.

    Fundamento legal y posibilidad de extradición
    Gómez Ramírez recordó que la Constitución protege la libre expresión, pero condicionada al respeto del honor, la dignidad y la moral de las personas e instituciones. Citó el artículo 33, que establece que “El Himno Nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud’homme, y es único e invariable”.

    Asimismo, señaló que, aunque la ley 210-19 sobre uso de los Símbolos Patrios sanciona el ultraje con uno a tres meses de prisión y multas de cinco a veinte salarios mínimos, la denuncia se apoya en la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haberse cometido el hecho a través de redes sociales.“La ley 53-07 prevé en su artículo 2 que, si la persona comete el delito en el extranjero y ese delito repercute en el territorio nacional, entonces es posible de ser enjuiciada en el territorio dominicano”, explicó.

    Dicha ley sanciona la injuria pública por medios electrónicos con penas de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Gómez Ramírez adelantó que el Instituto Duartiano pedirá las penas máximas.“Vamos a procurar que el Ministerio Público y el Poder Judicial apliquen los rangos mayores de sanciones, es decir, la pena de un año de prisión y una multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo, para que la sanción sea proporcional a la gravedad de los hechos”, afirmó.

    Exhorto a la acción y defensa de los símbolos patrios
    La institución solicitó “rápidas, rigurosas y oportunas actuaciones legales y judiciales” para imponer las sanciones correspondientes y generar “efectos disuasivos e intimidatorios necesarios para evitar que este vergonzante episodio se repita”.

    Finalmente, Gómez Ramírez sostuvo que el ultraje al Himno Nacional constituye “un severo ataque” a la memoria de sus autores, José Reyes y Emilio Prud’homme, así como al Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y Díez, reafirmando el compromiso del Instituto Duartiano con la defensa de los símbolos patrios como pilares de la identidad dominicana.

  • Javier Ubiera y Delvys Lanfranco interponen denuncia por «ultraje» al Himno Nacional

    Javier Ubiera y Delvys Lanfranco interponen denuncia por «ultraje» al Himno Nacional

    Santo Domingo, R.D. – Los comunicadores Javier Ubiera y Delvys Lanfranco, depositaron en la tarde de este jueves una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, alegando una grave violación a los símbolos patrios tras la difusión de una versión modificada del Himno Nacional.

    El acto que motivó la denuncia ocurrió el pasado 1 de agosto, durante un evento de carácter público-privado en el que se interpretó un “Himno Lésbico Dominicano” –también referido como “Himno Gay”–, que alteraba la letra del Himno Nacional original. La pieza fue compartida en redes sociales, generando reacciones en distintos sectores de la sociedad.

    “Esto no se trata de discriminación, sino de respeto a la Constitución y a la Ley sobre los Símbolos Patrios. Nadie puede modificar impunemente el himno que representa nuestra historia y soberanía”, expresó Javier Ubiera. De su lado, Delvys Lanfranco enfatizó que “todo ciudadano tiene derecho a crear, pero no a alterar los símbolos oficiales de la República”.

    El abogado José Fernando Pérez Vólquez, quien representa a los querellantes, calificó el hecho como una ofensa legal y moral al alma de la nación dominicana: “El Himno Nacional es eterno, inmutable y único. Lo que ha ocurrido es una blasfemia y un crimen simbólico que debe ser sancionado con urgencia”, afirmó.

    Vólquez recordó que la Ley sobre los Símbolos Patrios establece penas claras para este tipo de infracciones. “Este tipo de ultraje está tipificado con sanciones que van desde uno (1) hasta tres (3) meses de prisión, además de una multa económica. La ley debe aplicarse con firmeza para preservar la dignidad de nuestros emblemas nacionales”, puntualizó.

    Los denunciantes solicitaron formalmente que se inicie una investigación penal contra los responsables del hecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución y los artículos 30, 33 y siguientes de la Ley No. 210-19 sobre los Símbolos Patrios.

  • Se incrementan a 108 las querellas y denuncias contra Antonio y Maribel Espaillat por tragedia en Jet Set

    Se incrementan a 108 las querellas y denuncias contra Antonio y Maribel Espaillat por tragedia en Jet Set

    SANTO DOMINGO.-Aumentaron a 108 las  querellas y denuncias contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

    Este martes, los familiares del merenguero Rubby Pérez  depositaron una qurella contra los hermannnos Espaillat en la Fiscalía del Distrito Nacional.

    Ambos están imputados por homicidio involuntario tras el colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

    Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, quienes manifestaron su deseo de que se haga justicia en este caso.

    En ese contexto, la diputada Lidia Pérez, hermana del artista, expresó su respaldo a sus sobrinas y reiteró que la familia está comprometida a llegar hasta las últimas consecuencias legales en busca de responsabilidades.

    La orden de arresto contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras fue emitida el lunes 9 de junio de 2025, un día antes de que el empresario se presentara voluntariamente en la sede de la Procuraduría General de la República acompañado de su abogado.

    La jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrada Fátima Scarlette Veloz Suárez, firmó la orden judicial autorizando al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, a proceder con la detención.

    La decisión se basa en los indicios presentados por la fiscalía, que vinculan a los acusados con el delito de homicidio involuntario, contemplado en el artículo 319 del Código Penal dominicano.

    A pocos días de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025, los primeros en presentar querellas fueron los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauny Cedano. En sus denuncias, no solo responsabilizaron a los propietarios del establecimiento, sino que también señalaron al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional por su presunta responsabilidad en los hechos que conmocionaron a la sociedad.

    Posteriormente, los padres de Melissa Yismel Tejada Sosa, de 26 años, y de Gustavo Noel Suero Mella, de 37, también acudieron a la justicia. Esta acción legal fue interpuesta por el abogado Félix Humberto Portes, en representación de los familiares, incluyendo a Vianella Mella y Gustavo Antonio Suero Pérez.

  • Hija de Milagros Germán y Hatuey De Camps se querella contra el detective Angel Martínez

    Hija de Milagros Germán y Hatuey De Camps se querella contra el detective Angel Martínez

    SANTO DOMINGO.- Milagros Marina De Camps Germán, hija de Hatuey De Camps y Milagros Germán se querelló en la Procuraduría General de la República contra Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez “Detective Ángel”, así como otros usuarios.

    La querella de la abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes, acusa a los imputados de la comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, establecidos en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

    La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales que violentan el derecho a la dignidad humana e integridad.

    Según la querella, la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.

    La demanda incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$10,000,000.00, a ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

    En ese orden, la querella destaca cómo las redes sociales, lejos de ser «territorios sin ley», deben responder al marco jurídico vigente.

    Citando precedentes del Tribunal Constitucional dominicano y jurisprudencia comparada, los abogados sostienen que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, al tratarse de imputaciones falsas, ultrajantes y ofensivas.

    “Este caso representa un ejemplo claro del uso malintencionado de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, señala el escrito introductorio.

  • Viuda de ex grandes ligas Octavio Dotel también se querella contra propietarios de la discoteca Jet Set

    Viuda de ex grandes ligas Octavio Dotel también se querella contra propietarios de la discoteca Jet Set

    Santo Domingo. La señora Massiel Javier Almonte, viuda del exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel, presentó formalmente una acción legal ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, escenario del derrumbe que cobró la vida de su esposo y otras 234 personas.

    Con esta denuncia, ya suman 41 las acciones legales interpuestas tras el colapso del techo del emblemático centro nocturno, ocurrido la madrugada del 8 de abril durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también figura entre los fallecidos.

    La acción fue depositada en el Departamento de Atención del Sistema al Ciudadano, en coordinación con la Dirección de Persecución del Ministerio Público. La querella de Javier Almonte se une a otras 17 con constitución en actor civil y 24 denuncias, dos de ellas por robo a víctimas durante el caos del incidente.

    Los demandados son Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y su empresa Inversiones E y L, dueños del establecimiento. En las instancias legales se alega negligencia grave, citando problemas estructurales y la presunta instalación de equipos pesados en el techo, factores que habrían contribuido al siniestro.

    Los querellantes exigen indemnizaciones millonarias y han solicitado al Ministerio Público imponer prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados. Algunas acciones incluyen al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por supuesto incumplimiento en sus funciones de supervisión y seguridad.

    En paralelo, Brian Saldaña, director de producción del canal Color Visión, anunció que interpondrá una demanda colectiva en los Estados Unidos, representado por el bufete Silva & Silva Attorneys and Counselors at Law, tras perder a su esposa en la tragedia.

    Mientras tanto, Zulinka Pérez, hija del legendario merenguero Rubby Pérez, ha manifestado su intención de demandar a los propietarios de Jet Set, aunque aún no ha formalizado su acción ante las autoridades.

  • Familias afectadas por la explosión en San Cristóbal retiran querella contra empresa Vidal Plast

    Familias afectadas por la explosión en San Cristóbal retiran querella contra empresa Vidal Plast

    SANTO DOMINGO.- Las 39 familias afectadas por la explosión en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, que dejó cerca de cuarenta fallecidos, retiraron la querella contra la empresa Vidal Plast.

    Los afectados exigen transparencia en la investigación, denunciando que se está encubriendo a los verdaderos responsables del trágico evento y desligan a la empresa Vidal Plast, cuyos propietarios fueron sometidos a la justicia.

    Las familias que perdieron seres queridos en la explosión alegan que las autoridades ocultan la verdad sobre los hechos, y acusan a la Alcaldía de San Cristóbal, al Ministerio de Obras Públicas y a la empresa Rilco de haber tenido control sobre el inmueble en el momento del estallido, lo que les hace responsables de lo ocurrido. Indican que pruebas clave desmontan la acusación contra Vidal Plast. Fotografías y testimonios indican que la explosión se originó en un área donde la alcaldía tenía planes para construir un parqueo, y no en las instalaciones de la mencionada empresa.

    A su vez, denuncian que la fiscalía ha manipulado la investigación, limitándose a aceptar denuncias exclusivamente en contra de Vidal Plast y desestimando otras posibles líneas de investigación.

    Como resultado, las familias de las víctimas interpusieron una demanda millonaria contra el Estado, exigiendo una compensación de 1,800 millones de pesos y solicitando que se investigue a fondo a los verdaderos responsables de la tragedia.

  • Familiares de joven que falleció tras varias cirugías al mismo tiempo desisten de querellarse contra el doctor Edgar Contreras

    Familiares de joven que falleció tras varias cirugías al mismo tiempo desisten de querellarse contra el doctor Edgar Contreras

    SANTO DOMINGO.-Mediante un comunicado público, familiares de Pamela Almánzar Valenzuela, quien falleció tras someterse a múltiples cirugías estéticas realizadas por el Dr. Edgar Contreras, informaron que no se querellarán contra el galeno ni contra el centro médico CEDIAH.

    Aseguran que tras analizar el récord médico, observaron que Pamela firmó con su puño y letra el consentimiento para dicha cirugía y estaba al tanto de los riesgos.

    “De forma preliminar, patología forense nos ha informado que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar, el cual, con todos los especialistas que hemos consultado, nos han indicado que es un riesgo asociado a cualquier tipo de cirugía que escapa al control del cirujano plástico y el centro médico”, especifica el referido documento, elaborado por los familiares de la occisa.

    Pamela Almánzar Valenzuela se realizó una reducción de mama, abdominoplastia y lipoescultura al mismo tiempo el 26 de diciembre y falleció al dia siguiente.

    “Aclaramos por igual, que al momento de ocurrir el lamentable fallecimiento en fecha 27 de diciembre de 2024, de manera personal el Dr. Edgar Contreras conversó con la pareja sentimental de la paciente, Dahiana Carolina Ymaya Lopez, y por igual, siguiendo con el protocolo de lugar, se llamó por teléfono al familiar que la paciente reportó para casos de emergencia, su hermana Madeline Rodríguez, quien llegó al centro médico CEDIAH, y por igual fue atendida por el personal de la clínica y por el Dr. Edgar Contreras”, indica el comunicado de los familiares de Pamela Almánzar Valenzuela.