SANTO DOMINGO.-La jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, conocerá este martes «la revisión obligatoria» a la medida de coerción a los imputados en Operación Calamar.
Padilla, quien es la jueza control de la investigación del caso, convocó a las partes para las 9:00 de la mañana de hoy. La mayoría de los 20 acusados se les impuso prisión domiciliaria, excepto a los exministros de Hacienda y de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, quienes cumplen prisión preventiva de 18 meses en el centro Najayo-Hombres.
Los veinte imputados en el expediente de la Operación Calamar están acusados de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas , Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Además, a Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Á. y Víctor Matías Encarnación, quienes admitieron su participación en la estructura de corrupción.
Hace hoy un mes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación de Guerrero y Peralta, quienes impugnaron la decisión de la jueza Kenya Romero de enviarlos a la cárcel. Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción y jueza de Atención Permanente impuso la medida de coerción el 4 de abril.
El Ministerio Público (MP) tiene hasta el mes de diciembre para depositar la acusación formal a los 20 involucrados en Operación Calamar. Por declarar complejo el expediente, lo que implica un aumento de los plazos, en su resolución de medidas de coerción, la jueza otorgó ocho meses al órgano acusador para que concluya la investigación y someta la acusación por el fraude a las cosas públicas.