SANTO DOMINGO.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue el apoderado para conocer el juicio de fondo a los policías y militares, así como a más de una docena de empresas, acusados de supuestamente estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos y cuya investigación fue denominada por el Ministerio Público como Operación Coral y Operación Coral 5G, fusionados en un solo expediente.
El mencionado tribunal, presidido por la jueza Giselle Méndez e integrado por las demás juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo, programó el inicio del juicio de fondo para el 26 de octubre de este año.
La Presidencia de las Cámaras Penales del Distrito Nacional designó al Primer Tribunal Colegiado mediante un sorteo aleatorio.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas Méndez, dictó apertura a juicio a 28 imputados, la mayoría policías y militares y algunos están acompañados en el proceso judicial junto a sus familiares, como es el caso del coronel Rafael Núñez de Aza, y el general de la Fuerza Aérea dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
La acusación está encabezada por los exjefes del Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
Otros de los que forman parte de los imputados en el proceso penal son la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Asimismo, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
El juicio de fondo también se conocerá contra varias empresas, estas son Randa Internacional Company, Rawel Importadores; RG y Soluciones Financieras; Único Real State e Inversiones; Aldom Glass Aluminium; Asociación Campesina Madre Tierra; CSNA Universo Empresarial; Distribuidor KF; Distribuidora TAFL; Hacienda Kelman e Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Asimismo, las compañías Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve; MJTRESV Agroindustrial; MJTRESV Agroindustrial; y RyF Agroindustrial.
A todos el Ministerio Público les atribuye la distracción de fondos públicos, desde el año 2012 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en manos de la red. Entre los fondos sustraídos se incluye los de inteligencia del Cusep y Cestur.