Dirigentes políticos y sociedad civil insisten canciller violó Constitución en acuerdo marítimo con Paóses Bajos

El 31 de octubre del año en curso, el canciller Roberto Álvarez realizó una rueda de prensa en la que declaró como una negociación exitosa el “Acuerdo de Delimitación Marítima entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos”, anunciando con gran algarabía y beneplácito que, “la República Dominicana ganaría 11 millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados) de área marítima, lo cual consolida su soberanía y amplia su jurisdicción”; anuncio que hizo sin percatarse de que al tiempo que anunciaba la falsedad la calzó inadvertidamente con lo verdaderamente acontecido.  En efecto, las 11 millas en ningún caso fueron una concesión de nuevos espacios sobre la base de ninguna estrategia “berraca” de los negociadores, para decirlo en sus propias palabras, se trató más bien de un replanteo de coordenadas antiguas, que según su propio decir, fueron obtenidas de informaciones cartográficas que datan de los años 1956 y 1969, las cuales, al ser replanteadas con la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), determinaron la rectificación de un error sobre espacios no discutidos en mediciones anteriores, razón por la que en ningún caso se podría hablar de que eso sea un logro en favor del país que puedan justificar sus expresiones de júbilo.

Por el contrario, las expresiones del canciller lo que han hecho es poner en evidencia que los negociadores ignoraron totalmente las reivindicaciones contenidas en la Ley núm. 66-07, sustentada en coordenadas obtenidas sobre la base del moderno sistema GPS ya citado, lo cual representa un elemento de mayor gravedad en el desempeño de los negociadores, y si bien es cierto que nuestra ley no le es oponible a otros Estados, también es cierto que es a partir de la misma que los poderes públicos están en la obligación de partir en cualquier espacio de negociación internacional, toda vez que sus parámetros han sido fijados bajo fundamento legal, convencional y constitucional.

El país requiere y espera explicaciones plenas, pero éstas no se encuentran tanto en lo que dijo el canciller sino más bien en todo lo que calló.

Los dominicanos no podemos observar pasivamente el hecho de que el canciller justifique la suscripción de un acuerdo en el que se violenta la integridad territorial en lo que concierne a los límites marítimos normativamente establecidos en un proceso que data de veintiocho años, en el que se ha considerado con extremada delicadeza su más absoluta compatibilidad con el derecho internacional del mar y los precedentes jurisprudenciales de las jurisdicciones internacionales competentes, aspectos ostensiblemente ignorados en las negociaciones de que se trata.

Las declaraciones del señor canciller, aunque digan lo contrario, permiten apreciar sin dificultad que, ni la Ley 66-07, ni las declaraciones interpretativas contenidas en la Resolución núm. 478-08, mediante la cual fuera ratificada la Convención Internacional del Mar (CONVEMAR) fueron tomadas en consideración durante el proceso, esto así, bajo el alegato de que conforme a su parecer, la Convención prevalece sobre la normativa interna y por considerar que “estamos rodeados de países un poquito más fuerte que nosotros,” razón por la que entiende que nos debe interesar sobremanera “fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional porque sin eso estaríamos perdidos”, criterio que hizo prevalecer como un imperdonable gesto de genuflexión que se llevó de encuentro nuestra dignidad soberana y el interés nacional. Al actuar de ese modo, se incurrió en un atentado al artículo 9 de nuestra Carta Magna, haya dicho lo que haya dicho al respecto el Tribunal Constitucional, al cual, no tenemos ninguna duda, se le indujo a error.

El señor canciller se escuda detrás de los convenios suscritos por el país con Colombia y Venezuela buscando procurar precedentes análogos en una comparación inaceptable por muchísimas razones de fondo, pero nos limitaremos a señalarle que los referidos convenios fueron firmados al amparo de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental del fecha 29 de abril de 1958, hoy día derogada por la CONVEMAR desde 1982 y aplicable para nosotros a partir del 2008. Sin embargo, se abstuvo de referirse a los detalles del Convenio de Límites Marítimos suscrito entre Venezuela y Los Países Bajos, el cual delimitó sus fronteras, isla por isla, sin reconocer lo que sí hizo el acuerdo erróneamente defendido por nuestra cancillería, que sin decirlo, permitió que se sumaran todas las posesiones de la contraparte en el Caribe, dándole sin decirlo el tratamiento de archipiélago de Estado, estatus que nunca podrían reivindicar por sus respectivas condiciones de Estados constitutivos de su metrópoli en el caso de las tres declaradas “independientes”, y de municipios de ultramar, respecto a las tres restantes, exponiendo de ese modo nuestra Nación a una imperdonable reducción de su territorio en franca violación del artículo 3 de la Constitución, el cual establece el principio de inviolabilidad de la soberanía nacional, caracterizado por el principio de inalienabilidad del territorio nacional, al tiempo que prohíbe a los poderes públicos realizar o permitir la realización de actos que atenten contra la personalidad e integridad del Estado y de sus atributos, entre los que se encuentra claramente el territorio y exponiéndonos además a la pérdida riquezas posibles albergadas en los fondos marinos de nuestra propiedad.

Las personalidades e instituciones aquí presentes, hacemos un llamado urgente al presidente de la República para que se abstenga de remitir el convenio de referencia al Congreso Nacional a fin de que sea un diálogo técnico el que se encargue de hacer todos los levantamientos cartográficos que sean necesarios para establecer la factibilidad de nuestras pretensiones en el marco de futuras negociaciones con Estados, no con colonias, que sean negociados o dirimidos jurisdiccionalmente todos nuestros límites marítimos en un marco técnico, legal, convencional y constitucional en el que la dignidad y los derechos del pueblo dominicano sean dignamente representados.

Santo Domingo, D. N., R. D.

6 de noviembre del 2024.