BOLIVIA (EFE).-Este martes es decisivo en el futuro legal del expresidente Evo Morales (2006-2019). Si no se presenta a la audiencia de medidas cautelares a la que fue convocado a las 09:30 en la ciudad sureña de Tarija, será declarado en rebeldía por la Justicia boliviana.
Morales, de 65 años, está acusado de trata de personas y estupro, por el supuesto embarazo de una adolescente en el año 2016 y la Fiscalía pide su detención preventiva por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.
“Hemos investigado de manera objetiva (…) y existe la probabilidad de autoría, existe peligro de fuga y obstaculización”, manifestó ante la prensa local la fiscal que lleva el caso, Sandra Gutiérrez.
El proceso había sido inicialmente abierto durante el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020), pero no prosperó. En septiembre de 2024 fue retomado por el Ministerio Público, que libró una orden de captura contra el expresidente que fue desestimada por una acción de libertad. Desde entonces, el líder cocalero ha permanecido en su bastión político bajo el resguardo de sus seguidores.
En octubre fue notificado para una citación a declarar, a la que no asistió por “falta de garantías” según sus abogados, y a finales de diciembre se le convocó a la audiencia cautelar este martes a través de un edicto público. La madre de la menor también está imputada y convocada a la audiencia, acusada de haber recibido favores políticos por la presunta vinculación entre el exmandatario y su hija.
La investigación está en la primera línea de la agenda noticiosa en Bolivia por las implicaciones políticas del caso y la tensión que genera en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ayer se registró una jornada de enfrentamientos entre sus seguidores y la Policía en La Paz y Cochabamba en la que 23 personas fueron arrestadas y dos trabajadores de la prensa y un policía resultaron heridos, según información del Gobierno.
La protesta en La Paz exigía acciones frente a la crisis económica y la liberación de detenidos en movilizaciones anteriores, la de Cochabamba apuntaba a “recuperar” una sede sindical campesina. Sin embargo, para el Gobierno, la movilización buscaba la “impunidad de Morales” a horas de su audiencia judicial.
