SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno tomar acciones urgentes para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra a las comunidades de Santo Domingo Norte, donde la criminalidad ha alcanzado niveles alarmantes, obligando a comerciantes a cerrar sus negocios, suspendiendo la docencia y forzando a muchos residentes a abandonar sus hogares.
Mediante un comunicado, el principal partido de oposición resaltó que, desde hace semanas, los comunitarios han denunciado la presencia de una banda criminal que opera impunemente en sectores como Maricao, La Victoria, Punta de Villa Mella y el kilómetro 20 de la carretera de Yamasá, sembrando el terror entre los ciudadanos.
Además, según documentos y testimonios de los afectados, esta organización delictiva mantiene una lista de personas marcadas para ser ejecutadas por haber denunciado sus crímenes. A la banda se le atribuyen múltiples homicidios y asaltos a cualquier hora del día.
La Fuerza del Pueblo ya había advertido sobre esta grave crisis a través de su presidente en Santo Domingo Norte, Pablo Olmo, quien pidió públicamente la intervención del Ministerio Público para investigar las presuntas conexiones entre esta banda y miembros de la Policía Nacional. En esa ocasión, Olmo denunció que la negligencia policial había permitido que los delincuentes continuaran operando y que incluso conocieran la identidad de quienes los habían denunciado.
Hoy, el partido reitera esa advertencia y eleva su llamado a las más altas instancias del Estado. “El Gobierno del PRM no puede seguir ignorando la desesperación de los ciudadanos que viven bajo un toque de queda impuesto por el crimen”, advierte la organización política.
“Exigimos medidas contundentes e inmediatas para restaurar el orden, proteger a las víctimas y castigar a los responsables, sin importar quiénes sean”, precisa el documento de la Fuerza del Pueblo.
En ese sentido, el partido enfatizó que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental y que la inacción gubernamental sigue poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las comunidades. “El pueblo dominicano merece vivir sin miedo, y es responsabilidad del Estado garantizarlo”, concluye el comunicado.
