Altagracia Paulino afirma ciudadanía puede recurrir a los tribunales por apagones

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Santo Domingo. – La presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), Altagracia Paulino, expresó durante una entrevista telefónica en el programa radial Enterados que los ciudadanos afectados por los constantes apagones programados tienen el derecho de recurrir a los tribunales para buscar soluciones y compensaciones por los perjuicios ocasionados.

«Creo que los apagones son ilegales, y los ciudadanos tienen la posibilidad de plantear un caso contra eso, porque eso es un abuso», afirmó Paulino, quien subrayó que estos cortes de energía son una violación de los derechos de los consumidores.

Paulino destacó que los apagones no solo afectan la economía y la comodidad de los ciudadanos, sino que también tienen un grave impacto en la salud pública. «Este es un problema de salud pública. Salud Pública tiene que intervenir ahí», indicó, mencionando que las interrupciones en el suministro eléctrico afectan el manejo adecuado de alimentos perecederos y medicamentos que requieren refrigeración.

«Si tienes un medicamento en el frigorífico y han pasado cuatro horas, la cadena de frío se ha roto. Eso tiene un impacto en la salud», advirtió.

La presidenta del Onpeco también criticó la falta de empatía y solidaridad de las autoridades para manejar esta situación. «Tienes que tener sensibilidad social, pensar en los demás, tener empatía, solidaridad y compasión por los demás. Creo que no hay nada de eso en las personas que están manejando el asunto», expresó.

En cuanto a la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad que no han implementado mecanismos adecuados para el cobro del servicio e impedir estos apagones, Paulino señaló que los ciudadanos que cumplen no deben pagar por la ineficiencia de otros. «Los que pagamos tenemos que pagar por quienes no lo hacen», dijo.

Finalmente, Paulino hizo un llamado a los comerciantes organizados y a la ciudadanía en general para que consideren recurrir a los tribunales administrativos o incluso constitucionales para enfrentar los apagones programados y exigir sus derechos.

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