Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader defendió este lunes el decreto 104-25, que declara como terroristas a las bandas haitianas que afectan a la población en Puerto Príncipe, capital de Haití.
Durante su intervención en La Semanal, el mandatario justificó la medida argumentando: «Ellos les dispararon a varios aviones de civiles, ¿tú quieres una definición que no sea esa? Y estamos en una frontera, entonces nosotros tenemos que tener una base legal que nos permita actuar, ya sea para llevarlos a la justicia o para enfrentarlos».
Abinader insistió en que si estos grupos han cometido actos de terrorismo en Haití y cruzan al territorio dominicano, el Gobierno debe contar con un respaldo legal para intervenir. «Mi único compromiso es con la seguridad del país», reafirmó el presidente.
Situación en Haití y acción del Gobierno
En su discurso del 27 de febrero, Abinader anunció la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, justificando la medida ante el deterioro de la seguridad en Haití. Destacó que las bandas criminales han tomado el control de gran parte del territorio de Puerto Príncipe y el sur del país, perpetrando actos de violencia extrema. Solo en 2023, más de 5,000 personas fueron asesinadas por estos grupos.
El mandatario explicó que la comunidad internacional ha mostrado desinterés e incapacidad para abordar la crisis haitiana, lo que llevó a la firma del decreto tras consultas con organismos de seguridad nacional.
Debate jurídico sobre el decreto
Sin embargo, algunos abogados consideran que la medida podría ser inconstitucional y tener repercusiones diplomáticas. El penalista Cándido Simó criticó la disposición, argumentando que la definición de «terrorismo» requiere respaldo de convenciones internacionales y no puede ser establecida unilateralmente por un país.
Por su parte, la jurista Laura Acosta se sumó a las críticas, afirmando que la medida carece de fundamento legal y recordando que, según la Constitución dominicana, el presidente no tiene autoridad para ordenar arrestos sin una orden judicial.
El debate sobre la constitucionalidad y viabilidad del decreto continúa abierto, mientras el Gobierno sostiene que es una acción necesaria para proteger la seguridad nacional.
