«(La medida) puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», apuntó el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Dujarric insistió además en que, si bien todos los países tienen el derecho y la responsabilidad de vigilar sus fronteras, proteger su soberanía y determinar su propia política migratoria, es necesario «respetar la dignidad de los migrantes y los derechos humanos».
El país comenzó este lunes a exigir documentos de identificación a los haitianos que buscan atención en los hospitales públicos, con una gran presencia de migrantes embarazadas o que acaban de dar a luz.
El protocolo, aplicado en 33 hospitales públicos, supone que inspectores y agentes migratorios verifican que las pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidas médicamente y, una vez recuperadas, deportadas.
Esta medida forma parte de una serie de normas anunciadas hace dos semanas por el presidente del país, Luis Abinader, para enfrentar la inmigración irregular desde el vecino Haití, que comparte con República Dominicana la isla La Española.
Dujarric también subrayó que el personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recibió este martes en la frontera a 416 migrantes haitianos deportados, entre los que había once mujeres embarazadas y 16 mujeres que aún daban el pecho a sus bebés.
En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica a la casi totalidad de los haitianos en el país vecino.
Desde que se tomó esta medida, según datos oficiales, más de 180,000 haitianos en situación irregular han sido deportados a Haití, pese a los llamados de organizaciones internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.
Agencia EFE