ESTADOS UNIDOS (EFE).- La Administración del presidente Donald Trump pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos que autorice al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el empresario Elon Musk, a acceder a registros confidenciales de la Seguridad Social.
La solicitud se produce luego de que una jueza federal suspendiera temporalmente dicho acceso.
El procurador general, John Sauer, presentó un escrito en el que acusa a la jueza Ellen Hollander, del Tribunal de Distrito de Maryland, de excederse en sus funciones al bloquear la medida. Según Sauer, la orden emitida el pasado 20 de marzo “causa un perjuicio continuo e irreparable a prioridades federales urgentes y obstaculiza el funcionamiento del poder Ejecutivo”.
El Gobierno sostiene que este caso refleja un patrón recurrente de intervención judicial en sus políticas, y califica la decisión de Hollander como “una medida cautelar desproporcionada sin respaldo legal”.
La polémica se centra en la autorización concedida a diez miembros del DOGE para acceder sin restricciones a información sensible de millones de ciudadanos, incluyendo números de la Seguridad Social, historiales médicos y de salud mental, datos fiscales, información bancaria, licencias de conducir, antecedentes laborales y domicilios, así como registros de nacimiento, matrimonio, inmigración y naturalización.
La demanda fue presentada por la Federación Estadounidense de Profesores (AFT), la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFL-CIO), y la Alianza para Jubilados Estadounidenses (ARA), que denuncian que se otorgó acceso a estos datos a personal carente de la capacitación necesaria para su manejo.
