El 82,4 % de los haitianos quiere emigrar, a raíz de las múltiples crisis que atraviesa el país y por el deterioro de las condiciones de vida, según una encuesta publicada este viernes en la prensa local.
El deseo de emigrar es mayor entre los más jóvenes, de entre 18 y 24 años, y entre aquellos que tienen un nivel medio de instrucción, por encima de los que como mucho han terminado la educación básica, según los datos de la encuesta, realizada por el Observatorio Ciudadano para la Institucionalización de la Democracia y publicada por el diario Le Nouvelliste.
La encuesta se publica en momentos en los que ha aumentado la emigración haitiana, debido a la crisis política que se agravó con el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021, la creciente ola de violencia causada por las pandillas y debido a desastres naturales, como el terremoto que causó gran destrucción en el sur del país en agosto pasado.
Cerca de 4,3 millones de personas, un 42 % de la población del país, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.
Los principales destinos a los que se dirigen los haitianos son la fronteriza República Dominicana y Estados Unidos, país al que se dirigen por mar, en frágiles barcos de fabricación casera, o juntándose a las caravanas de migrantes que recorren Centroamérica.
En los últimos meses también se ha producido un incremento del flujo de migrantes haitianos hacia Puerto Rico, en viajes marítimos que parten de Haití o de la República Dominicana.
Entre septiembre y diciembre de 2021, 15.493 migrantes haitianos han sido repatriados desde Estados Unidos y otros países de la región del Caribe, según datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).
La mayoría de esos migrantes, no obstante, habían salido de Haití hace años y estaban residiendo en Chile o Brasil, países que decidieron abandonar para tratar de encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos.
De forma paralela, República Dominicana ha acentuado las deportaciones en los últimos meses, en el marco de una política dirigida a frenar la inmigración irregular desde el país vecino.