Por José Cáceres
SANTO DOMINGO. En una aparente “inobservancia o desacato” la sentencia TC/0225/25 del Tribunal Constitucional que prohíbe al Ministerio Público y sus dependencias utilizar públicamente motes o sobrenombres en sus expedientes judiciales, tras determinar que esa práctica vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho al honor y buen nombre de los procesados.
Esa decisión se emitió a favor del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien interpuso ante el alto tribunal una acción de inconstitucionalidad cuyo objetivo era que el Ministerio Público desistiera de seguir llamando caso Medusa u operación Medusa el proceso judicial en su contra.
Sin embargo, este viernes seis de junio, el Ministerio Público informó en su página web, que desplegó un equipo de fiscales que practicaron una serie de allanamientos como parte de las líneas de investigación abiertas en torno a la Operación Camaleón con la que desmanteló una red de corrupción que defraudó al Estado mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y organismos del Estado.
Los allanamientos, coordinados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fueron ejecutados por 15 fiscales y se han desarrollado en el Distrito Nacional y Punta Cana. Entre los allanados figura Aquiles Jiménez, adelantó el Ministerio Público.
En el caso que sigue la Pepca contra los involucrados en la red desmantelada por la Operación Camaleón son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.
También, Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero, y Carlos José Peguero Vargas.