SANTO DOMINGO.-La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sugirió este lunes que los funcionarios identificados por la Cámara de Cuentas que no han declarado su patrimonio sean llevados a la Procuraduría General de la República para que se tomen las medidas correspondientes.
Tras participar este lunes en una reunión con las entidades que integran el sistema de control para evaluar la integridad del país, la funcionaria explicó que el régimen de consecuencias comienza cuando la Procuraduría recibe los casos y procede a declarar la omisión.
A partir de esa declaración, los funcionarios quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un período de cinco años. Esa es la primera sanción establecida por la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, aunque no es la única medida posible, según la normativa.
A pesar de que esta ley funciona desde el año 2014, Ortiz Bosch reconoció que nunca se ha ejecutado plenamente y agregó que la responsabilidad de aplicar la ley no recae en el Poder Ejecutivo, sino exclusivamente en la Cámara de Cuentas.
En los casos en que el Poder Ejecutivo ha intervenido, lo ha hecho solamente con suspensiones temporales, según detalló la funcionaria.
«Esas suspensiones han sido utilizadas como una vía de presión para forzar a los funcionarios a cumplir con la entrega de su declaración, pero no constituyen una sanción definitiva«, sostuvo.
