Por José Cáceres
SANTO DOMINGO. Al parecer, según se puede colegir por los hechos, no por las palabras, que el comunicado del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y otras organizaciones empresariales, les habrían ganado la batalla al Congreso Nacional, que no pudo aprobar en esta legislatura el Código de Trabajo, lo que ha obligado a que sea reintroducido el próximo 16 de agosto para iniciar desde cero.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, declaró este viernes que la comisión coordinadora de comisiones decidió que el Código de Trabajo fuera dejado para revisar los acuerdos tripartidos a que se llegó con miras a reintroducirlo en la próxima legislatura ordinaria, que inicia el 16 de agosto próximo.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), así como la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), mostraron su desacuerdo y rechazaron que fuera aprobado en el Senado el proyecto de modificación del Código de Trabajo aprobado en primera lectura, calificándolo como una reforma regresiva que, lejos de modernizar el marco normativo laboral del país, representa un retroceso significativo.
Mediante un comunicado, el sector empresarial afirmó su profunda preocupación y dijo que el texto aprobado desconoce importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito. A juicio del CONEP, la iniciativa no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que demanda el país.
Declararon que la República Dominicana necesita una reforma laboral verdaderamente transformadora, que genere más y mejores empleos y que contribuya al crecimiento económico inclusivo, especialmente en un contexto global lleno de desafíos.
Advirtieron que el proyecto aprobado aumentaría considerablemente los costos laborales, sin tomar en cuenta la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 98 % del tejido productivo nacional. También aseguran que la propuesta desincentiva la creación de nuevos empleos formales en un contexto donde la informalidad supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que socava los esfuerzos para formalizar las empresas.
El comunicado también sostiene que las medidas incluidas en el proyecto sobrecargarían los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y afectando negativamente el clima de inversión nacional e internacional.
El CONEP reiteró su disposición al diálogo y recordó que, desde el inicio de las discusiones sobre la necesidad de actualizar la legislación laboral, el sector empresarial ha abogado por una reforma que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores, impulse la productividad y fomente la creación de empleos formales, al tiempo que fortalezca la competitividad del país.
El grupo de hombres de empresas advirtió que esta reforma envía una señal negativa justo cuando la República Dominicana enfrenta retos globales que exigen estabilidad, confianza y visión de futuro.
Destacaron que, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del país, el sector privado trabaja para contribuir al plan “Meta RD 2036”, que busca duplicar el PIB real en los próximos 12 años. Para lograrlo, insisten en que se necesita un marco laboral que fomente el crecimiento, la formalidad y la competitividad.