CIUDAD DE GUATEMALA (AP).-El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este jueves una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, con el objetivo de facilitar inversiones públicas en tierras comunales sin transferir su propiedad a las municipalidades. La medida busca preservar la titularidad de los pueblos indígenas y fomentar el desarrollo local.
La propuesta llega en el contexto de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, y fue presentada junto a líderes comunitarios en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.
Contexto de la iniciativa
Arévalo ha mantenido desde su llegada al poder en 2023 un diálogo permanente con comunidades indígenas, que jugaron un papel clave en su llegada a la presidencia, bloqueando carreteras durante 22 días para garantizar su toma de posesión frente a intentos de deslegitimación.
En febrero de 2024, firmó un acuerdo con comunidades indígenas y campesinas comprometiéndose a resolver conflictos agrarios y garantizar el acceso a la tierra.
¿Qué cambiará con la reforma?
Actualmente, si un proyecto público como un centro de salud se construye en tierra comunal indígena, la legislación exige que la propiedad pase a manos de la municipalidad, lo que implica que la comunidad pierda derechos sobre el terreno.
Con la reforma propuesta, se permitiría ejecutar proyectos como escuelas, centros de salud, salones comunales u otra infraestructura sin que la comunidad pierda la titularidad de sus tierras.
“La iniciativa abre la posibilidad de invertir en el desarrollo de las comunidades respetando los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó Arévalo.
Apoyo de líderes comunitarios
Dina Juc, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán (Sololá), respaldó la reforma y pidió al Congreso que la apruebe con carácter de urgencia, al considerarla una forma de reparación histórica.
“Después de 500 años de despojo, exclusión y criminalización, es momento de justicia para nuestros pueblos”, expresó.
Impacto económico y social
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que la reforma permitirá al Estado invertir en territorios comunales sin expropiarlos, garantizando que el gasto público llegue de forma equitativa a todo el país.
La reforma también responde a fallos internacionales. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Guatemala violó los derechos de una comunidad indígena al negarle la titularidad de sus tierras ancestrales durante más de 40 años y permitir su explotación por proyectos mineros.