MADRID (EL PAÍS).-El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la contratación de Álvarez como su asistente.
Gómez ha sido citada a declarar como investigada el 11 de septiembre, mientras que Álvarez deberá comparecer un día antes, el 10 de septiembre. La imputación está basada en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, emitido en junio, que respaldó la investigación por presunta malversación.
Según ese auto, la Secretaría General de Presidencia del Gobierno actuó como una “estructura institucionalizada de poder” que permitió una desviación de funciones por parte de Álvarez, quien estaba contratada para labores institucionales, de protocolo y seguridad.
Antecedentes de la investigación
Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo en relación con su trabajo como codirectora de dos másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El juez Peinado ha instruido este caso desde hace más de un año.
Declaraciones y cambio de estatus procesal
En diciembre de 2024, Cristina Álvarez declaró como testigo tras reportes que señalaban que colaboraba con Gómez en tareas académicas durante su horario laboral. En enero, su estatus procesal fue cambiado a investigada.
Aunque el juez había indicado previamente que no veía indicios delictivos, cambió su criterio posteriormente. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía y Álvarez presentaron recursos, pero la Audiencia solo anuló la declaración inicial como testigo, permitiendo que continuara la investigación por malversación.
Elementos que sustentan la investigación
Entre las pruebas citadas por la Audiencia se incluyen correos electrónicos enviados por Álvarez al vicerrector Juan Carlos Doadrio, su presencia junto a Gómez en la UCM y comunicaciones con patrocinadores del máster, como Reale Seguros y un directivo de Google, lo que podría exceder sus funciones oficiales.
El juez también solicitó registros de llamadas de Álvarez con empresas colaboradoras del programa académico de Gómez.
Petición de imputación a Bolaños, rechazada por el Supremo
Cristina Álvarez fue contratada en 2018, cuando Félix Bolaños era secretario general de Presidencia. En junio, Peinado pidió al Tribunal Supremo que lo imputara por malversación y falso testimonio. Sin embargo, el alto tribunal rechazó la solicitud, al considerar que no existían indicios suficientes para abrir una investigación.
