SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, mediante la cual dispuso la cancelación y suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) a personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos contra la administración pública.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que la disposición se basa en informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República, así como en lo establecido en la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su reglamento, además de la Ley núm. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”, expresó Pimentel.
Alcance de la resolución
La medida incluye la cancelación definitiva de 21 registros de proveedores condenados por corrupción mediante acuerdo homologado, la suspensión provisional de 14 proveedores procesados penalmente, hasta decisión judicial firme y la suspensión automática de 12 registros de empresas cuyos socios o directivos se encuentran condenados, como medida preventiva.
La DGCP notificó el acto a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República, para los fines legales correspondientes.
Pimentel indicó que la resolución busca transmitir un mensaje de transparencia en las contrataciones públicas:
“Con esta acción, la DGCP busca enviar, una vez más, un mensaje a la ciudadanía y a los actores del mercado público: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en actos de delitos contra la Administración pública”, señaló.