Santo Domingo. La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció hoy que recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la llamada “auditoría especial” practicada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda (2016–2020). El equipo legal denunció que dicho informe fue realizado en franca violación del debido proceso, sin requerimiento del Congreso Nacional, sin permitir acceso al expediente al propio auditado y con inconsistencias técnicas que lo hacen carecer de validez jurídica.
De acuerdo con los abogados, mediante múltiples solicitudes formales -todas rechazadas por la resolución ADM-2025-020, del 28 de agosto de 2025-, se exigió acceso a los documentos utilizados por los auditores. Ese derecho fue negado bajo alegato de confidencialidad, impidiendo ejercer defensa o contradicción. “Se trató de una auditoría a puertas cerradas, con las reglas del debido proceso suspendidas”, afirmó el equipo de defensa.
La defensa también cuestionó que el informe fuera aprobado más de un año después de su elaboración, por un Pleno distinto al que condujo la investigación, lo que – según señalaron- vulnera el principio de unidad y continuidad del acto administrativo y resta legitimidad a todo el procedimiento.
Los abogados subrayaron que el informe no contiene evidencia alguna de fraude ni de daño al erario público. Se limita a observaciones administrativas y de procedimiento, sin cuantificación de perjuicio ni atribución de responsabilidad.
Incluso, añadieron, el texto incurre en contradicciones técnicas evidentes, pues afirma la existencia de pagos “sin registro” al tiempo que cita los mismos libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, órgano que ejerce el control previo de legalidad en todas las operaciones financieras del Estado.
Sobre los pagos por expropiaciones, la defensa recordó que durante la gestión de Guerrero se ejecutaron compensaciones ordenadas por sentencias o avaladas por tasaciones oficiales de la Dirección General de Catastro Nacional, en cumplimiento de las leyes 150-14 y 107-13.
“Se trató de la regularización de obligaciones históricas del Estado, muchas de ellas pendientes desde la década de 1950, realizadas por debajo del valor de mercado y con ahorros estimados en más de RD$10,000 millones”, detallaron los abogados.
La defensa advirtió que esta actuación se suma al amplio catálogo de violaciones cometidas por la Cámara de Cuentas en perjuicio de Guerrero, que incluyen la negativa reiterada a permitir el acceso al expediente administrativo, la denegación injustificada del derecho de contradicción y la utilización de procedimientos excepcionales fuera de los límites que la ley confiere a ese órgano. “El respeto al debido proceso no es una formalidad, es la garantía mínima de justicia administrativa”, concluyó la defensa, al reiterar que el caso será llevado al Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Asimismo, precisaron que conforme al artículo 60 de la Ley 18-24, las auditorías especiales tienen un objeto muy delimitado: indagar indicios de ilícitos penales. Sin embargo, el informe de la CCRD no señala ningún elemento de responsabilidad penal, limitándose a observaciones administrativas, lo que configura una desviación procedimental.
SE DESMONTAN CONTRADICCIONES
Procedimientos establecidos
La Cámara de Cuentas afirmó ausencia de manuales de políticas y procedimientos, sin embargo desde la Resolución 198-2018 existía un procedimiento para el pago de deuda administrativa juzgada mediante sentencia.
Observaciones sobre presupuesto
Se cuestionó pagos “por encima de lo presupuestado”, pero la prohibición del artículo 234 de la Constitución aplica a instituciones, no a subcuentas. El capítulo 0999 Administración de Obligaciones del Tesoro nunca fue sobrepasado en las leyes de Presupuesto de 2016 y 2020.
Control de Contraloría
La auditoría indicó pagos de expropiaciones sin registro en la Contraloría, lo que es materialmente imposible. El propio informe (Anexo 4) detalla libramientos y fechas de pago, que solo pueden emitirse con aprobación previa de la Contraloría y del Tesoro Nacional.
Prueba de libramientos
Los libramientos citados demuestran que hubo disponibilidad presupuestaria, revisión de expedientes por la Unidad de Auditoría Interna, aprobación de la Contraloría General y ejecución en Tesorería.
Contradicciones
Se afirmaron pagos no registrados, pero se presentaron los mismos libramientos; se señalaron pagos no presupuestados, pero se reconocieron libramientos dentro del capítulo correspondiente.
Expropiaciones y ahorros
Los pagos por expropiaciones fueron en cumplimiento de sentencias y tasaciones oficiales. Se trató de obligaciones históricas con un ahorro estimado en más de RD$10,000 millones.