Santo Domingo. – Tras más de un año de audiencias preliminares, el abogado Wilson Berigüete presentó las conclusiones finales en defensa del exsenador Rafael Calderón, quien enfrenta acusaciones de lavado de activos y estafa contra el Estado en el caso Calamar, formuladas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El exsenador de Azua está acusado por el Ministerio Público de ser parte de un “holding criminal” dedicado a la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina para financiar la campaña política del 2020.
Como principales imputados están exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
Durante su intervención, Berigüete sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y señaló que no existen pruebas concretas que vinculen a Calderón con los delitos que se le imputan. El abogado también argumentó que la acusación parece responder a motivaciones de carácter político, más que a fundamentos legales o pruebas sólidas.
El defensor explicó que, a lo largo del proceso, se ha evidenciado la falta de elementos objetivos que sustenten la acusación y subrayó que su representado ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad. “No hay evidencias que respalden estas imputaciones; se trata de una acción que busca perjudicar políticamente a mi cliente”, afirmó Beriguete.
Con la presentación de estas conclusiones, el tribunal competente queda en condiciones de decidir si procede o no la apertura del juicio contra el exsenador. El caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, dada la relevancia de los cargos y la trayectoria política de Calderón en la República Dominicana.
El expediente señala que para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido del pago de sobornos el excongresista utilizó personas físicas y jurídicas como prestanombres, entre estas al ciudadano Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y las empresas del acusado Omar Manuel Miqui Arias, las personas jurídicas Miqui Trade, S.R.L., y la empresa Industria Misaqui, S.A..