Santiago, RD. – El Ministerio Público (MP) informó que apeló la decisión emitida por la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, que modificó las medidas de coerción impuestas a varios agentes policiales involucrados en la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, hecho que causó gran conmoción en la población.
La audiencia de apelación fue fijada para el martes 18 de noviembre, fecha en que el tribunal revisará la resolución judicial que benefició a parte de los acusados.
De acuerdo con la decisión anterior, cuatro de los agentes —el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación— permanecen bajo prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
En tanto, otros siete imputados fueron favorecidos con medidas menos severas, consistentes en una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
Entre estos se encuentran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
Los agentes están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25, quienes perdieron la vida en el estacionamiento de una plaza comercial en La Barranquita.
Aunque la Policía Nacional sostuvo que se trató de un intercambio de disparos durante un operativo, el Ministerio Público afirma contar con pruebas que apuntan a una ejecución extrajudicial, por lo que considera injustificada la variación de medidas para parte de los imputados.
Desde el incidente, familiares de las víctimas y residentes del sector han exigido justicia, denunciando que los jóvenes fueron ultimados de forma injustificada.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de procurar sanciones ejemplares y garantizar que el caso no quede impune, mientras la sociedad santiaguera permanece atenta al desenlace del proceso judicial que ha generado gran repercusión en todo el país.