Santo Domingo.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el Código Procesal Penal aprobado por la Cámara de Diputados “crea un grave desequilibrio en favor del Ministerio Público” y representa una pérdida de derechos fundamentales para la ciudadanía.
Castaños Guzmán afirmó que la pieza legislativa contiene disposiciones que afectan garantías esenciales del debido proceso, como la suspensión de la prescripción y otros aspectos que —según dijo— atentan contra el equilibrio entre persecución penal y derechos ciudadanos.
“Este no es un código para el Ministerio Público, es un código que se aplicará a todos los dominicanos. Y tal como está, le quita derechos a la ciudadanía”, enfatizó.
Pide posponer el debate y volver al texto aprobado en 2015
El jurista reiteró que FINJUS ha mostrado preocupación desde el inicio de la discusión y que instituciones como el Defensor del Pueblo y la Defensa Pública también han comenzado a cuestionar el contenido aprobado.
Sostuvo que lo más responsable es que el Senado retome el Código Procesal Penal aprobado en 2015, y que la discusión sobre las modificaciones actuales se posponga para un momento en que participen todos los sectores involucrados.
“Aquí no estamos modificando una ley menor. Estamos tocando probablemente el texto más importante después de la Constitución. Si no hay consenso, lo sensato es detenerse”, subrayó.
“El desbalance a favor del Ministerio Público es real”
Castaños Guzmán señaló que tanto legisladores del oficialismo como de la oposición han reconocido que el código aprobado otorga un poder desproporcionado al Ministerio Público.
“Es verdad que hay un desequilibrio a favor del Ministerio Público, y ya eso lo admiten miembros del Congreso. Si esa es la realidad, ¿por qué insistir en aprobarlo ahora?”, expresó.
Un tema de garantías, no de vencedores o vencidos
El vicepresidente de FINJUS insistió en que este debate no debe politizarse ni verse como una pugna entre sectores, sino como un asunto que impactará directamente los derechos y garantías de toda la población.
“Este código se les va a aplicar a ustedes, a sus hijos, a toda la sociedad. No se trata de quién ganó o perdió, sino de preservar las garantías democráticas”, dijo.
Visiones diversas y preocupación creciente
Servio Tulio destacó que organizaciones como Participación Ciudadana consideran que la pieza representa “un atentado contra la transparencia”, particularmente por disposiciones que podrían permitir declarar la extinción de la acción penal incluso en procesos en juicio.
“Si hay tantas visiones divergentes, lo más prudente es posponer este debate. No podemos construir un código penal sin escuchar a quienes operan el sistema de justicia ni a la ciudadanía”, concluyó.
