BOGOTA (AGENCIAS).-El presidente de Gustavo Petro, junto a todo su gabinete, firmó la noche del lunes 22 de diciembre el Decreto 1390, mediante el cual se declara la emergencia económica en Colombia, una decisión que se produce tras el hundimiento de la más reciente reforma tributaria en el Congreso.
La declaratoria permitirá al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley durante un período de 30 días, con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal que atraviesa el país. Según el Gobierno, la medida busca cerrar un hueco presupuestal estimado en 16,3 billones de pesos, que compromete el funcionamiento del Estado de cara al año 2026.
El decreto se sustenta en el artículo 215 de la Constitución colombiana, que faculta al presidente a adoptar medidas extraordinarias en situaciones excepcionales. No obstante, la decisión ha generado controversia, tanto por su alcance como por las justificaciones presentadas por el Ejecutivo.
En el sector salud, el Gobierno argumenta que enfrenta dificultades para cumplir una orden de la Corte Constitucional, que exige igualar al 95 % la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre los regímenes subsidiado y contributivo. De acuerdo con cifras oficiales, en 2022 esa cobertura descendió al 88,9 %, lo que, según el Ejecutivo, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
La emergencia también contempla gastos extraordinarios en materia de seguridad. El Ministerio de Defensa estima que se requieren al menos 2,7 billones de pesos para fortalecer la capacidad tecnológica y mejorar la infraestructura de la Fuerza Pública, especialmente en regiones afectadas por ataques armados y presencia de grupos ilegales.
Otro componente central es la protección de líderes sociales y candidatos políticos, una tarea que recaerá en la Unidad Nacional de Protección (UNP). El Gobierno calcula que será necesario un billón de pesos adicional para ampliar y sostener los esquemas de seguridad, en un contexto marcado por el aumento de amenazas y hechos de violencia.