Santo Domingo. – La Dirección General de Aduanas (DGA) cerró el año reforzando sus acciones contra el comercio ilegal del sector asiático.
La institución intervino un establecimiento en la provincia de La Vega como parte de los controles posteriores al despacho de mercancías, verificando el cumplimiento estricto de la normativa aduanera vigente.
Durante la operación, la DGA comprobó la correcta declaración de las mercancías importadas, la adecuada determinación del valor en aduanas, la clasificación arancelaria y el pago íntegro de los impuestos correspondientes. La institución confirmó que el comercio fiscalizado se encuentra en operación.
En lo que va del 2025, hasta el 23 de diciembre, la DGA ha realizado 49 auditorías al sector importador asiático, detectando diferencias en impuestos por RD$1,592 millones a favor del Estado dominicano. Entre 2020 y 2025, el total de auditorías asciende a 139, con diferencias acumuladas de RD$4,509 millones.
Recientemente, la DGA participó en la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito, presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón.
El encuentro contó con representantes de migración, ProCompetencia, Consejo Nacional de Competitividad, DGII, Ministerio de Industria y Comercio, así como del sector privado a través de ONEC y la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros.
Entre las medidas innovadoras implementadas destacan:
- Medición del riesgo valor durante los procesos de despacho.
- Uso de rayos X y bodycams para fiscalización.
- Mesas de trabajo con aduanas internacionales sobre buenas prácticas de control de importadores asiáticos.
- Fiscalizaciones conjuntas con la DGII.
- Clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.
Con estas acciones, la DGA busca garantizar un comercio justo, asegurar el cumplimiento tributario y fortalecer la lucha contra la competencia desleal en el país.
La DGA reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo los controles sobre las importaciones, priorizando la detección temprana de irregularidades y promoviendo la transparencia en el comercio internacional.
Según las autoridades, estas acciones no solo protegen los ingresos del Estado, sino que también favorecen la competencia leal y el desarrollo del sector empresarial formal en República Dominicana.
