SANTO DOMINGO.-“En 2026 seguiremos fomentando una cultura de respeto a la ley. ¡No tenemos compromisos con la impunidad!”, reveló hoy el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.
Camacho indicó que durante este año el Ministerio Público realizó siete operaciones contra la corrupción y el crimen organizado, al tiempo de asegurar que en 2026 continuarán con “fomentando una cultura de respeto a la ley”.
“En 2025 realizamos 7 operaciones contra la corrupción y el crimen organizado (Begonias, Jaguar, Lobo, Discovery 3.0, Domo, Leopardo y Cobra) y varios casos de alto impacto. En 2026 seguiremos fomentando una cultura de respeto a la ley. ¡No tenemos compromisos con la impunidad!”, escribió Camacho en su cuenta de Twitter.
Se recuerda que el operativo Begonias es una red de trata de personas, con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres; la operación Jaguar, contra el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado; Lobo, una red que se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Además, la operación Discovery 3.0, una red de fraude informático en perjuicio de ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro; Domo, una red de piratería digital: Leopardo, una red de narcotráfico que se le ocupó un cargamento de 643 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína en la provincia La Altagracia y por último la operación Cobra, que fue desmantelada en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso el juez Rigoberto Sena, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado como el cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.