SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue apoderada para conocer los recursos interpuestos por Santiago Hazim y otros seis imputados, quienes buscan la revisión de la medida de coerción que los mantiene en prisión preventiva por su presunta vinculación a un millonario desfalco contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En los próximos días, este tribunal de segunda instancia fijará la fecha para conocer las solicitudes presentadas por los investigados, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, inicialmente ordenados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, pero actualmente recluidos en el Centro Penitenciario Las Parras, debido a la falta de espacio.
Además de Hazim, exdirector de Senasa, solicitaron la revisión de la medida el exgerente financiero de la entidad, Gustavo Enrique Messina; el exconsultor jurídico, Germán Rafael Robles; el exgerente de Salud, Francisco Iván Minaya; Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Martínez Hazim.
La solicitud se produce luego de que el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impusiera prisión preventiva contra siete de los diez imputados del caso, en una audiencia marcada por alta tensión y manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo recibieron arresto domiciliario con impedimento de salida del país. En el caso de Acosta Sención y Pineda Perdomo, además, se les impuso una garantía económica de RD$100,000 a cada una.
El Ministerio Público acusa a los implicados de integrar una estructura de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano por un monto aproximado de RD$15,900 millones, mediante irregularidades cometidas en perjuicio de Senasa, afectando a más de siete millones de afiliados de escasos recursos.
Durante el conocimiento de la medida de coerción, el órgano acusador presentó un expediente compuesto por más de 138 pruebas documentales y 35 pruebas testimoniales y periciales, con las que procura demostrar la participación directa de los imputados en el entramado fraudulento.
Entre las irregularidades señaladas, el Ministerio Público destacó el caso de un paciente que habría sido sometido a más de cinco procedimientos de cateterismo innecesarios, presuntamente para generar beneficios económicos indebidos.
El equipo acusador estuvo encabezado por Wilson Camacho, junto a Mirna Ortiz, titular de la Pepca, e integrado además por los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez.
A los imputados se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
