SANTO DOMINGO.- La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ratificó este jueves la existencia de un fraude procesal en el juicio que se sigue contra varios exfuncionarios, cuestionando tanto el momento en que fue depositada la acusación como la forma en que el Ministerio Público obtuvo pruebas periciales clave.
Durante la audiencia, los abogados del exministro presentaron su respuesta a la réplica de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y argumentaron que la propia documentación aportada por el ente acusador evidencia que la acusación fue introducida fuera del plazo legal establecido.
Según la defensa, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024, pero documentos con fe pública del Cuarto Juzgado de la Instrucción acreditan que fue recibido 14 días después, pese a que ambas dependencias se encuentran una al lado de la otra.
El equipo legal planteó interrogantes sobre el paradero de la acusación y las pruebas durante ese intervalo, así como sobre la integridad de la cadena de custodia.
En materia probatoria, la defensa cuestionó la validez de varias pericias, al señalar que algunas fueron realizadas bajo instrucciones directas de fiscales y que incluyeron extracciones de información de dispositivos móviles efectuadas antes de obtener la correspondiente autorización judicial. Además, indicaron que se produjeron informes financieros con documentos recabados sin orden judicial o en plazos técnicamente incompatibles con la elaboración rigurosa de dichos análisis.
La defensa de Castillo concluyó afirmando que la réplica del Ministerio Público no incorporó elementos probatorios nuevos y que la acusación descansa exclusivamente en una teoría sin respaldo en evidencia concreta. “Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe”, sostuvieron los abogados, quienes rechazaron que existan pruebas suficientes para vincular a Castillo con los hechos imputados.
El proceso forma parte de una causa más amplia que involucra a varios exfuncionarios del gobierno dominicano y es instruido por la PEPCA en el marco de las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción administrativa.