SANTO DOMINGO.-
El Partido de la Liberación Dominicana, comprometido con una gestión pública responsable, el uso eficiente de los recursos del Estado y la defensa del interés nacional, considera necesario llamar la atención del país sobre una realidad que no puede ser ignorada.
Del 2021 a la fecha, el Gobierno ha comprometido más de RD$22,369 millones de pesos en contratos de alquiler de inmuebles según datos oficiales publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Estas cifras corresponden únicamente a instituciones del Poder Ejecutivo y descentralizadas, excluyendo a los ayuntamientos y otras entidades del Estado.
Este no es un dato menor, es una señal de cómo se están utilizando los recursos que aporta la ciudadanía y, sobre todo, de las decisiones que se están tomando con el dinero público.
En 2025, la contratación en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD$5 mil millones para el Gobierno Central, el nivel más alto del período, y al día de hoy existen 865 contratos activos en la Dirección General de Contrataciones. Para 2026, se tiene presupuestado un gasto de RD$6,898 millones en alquileres y rentas de edificios y locales.
El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes.
Porque mientras se comprometen miles de millones en alquileres:
- se argumenta que no hay recursos suficientes para la indexación salarial,
- se aplican aumentos en combustibles a la ciudadanía,
- Y persisten limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.
Porque lo que estamos viendo no es solo un aumento del gasto de manera descontrolada. Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes.
Cada peso que se compromete en alquileres sin una estrategia clara es un peso que no se invierte en el patrimonio público.
Tan grave como esto es que el 80% de dicho gasto se concentra en 20 instituciones públicas. Lo cual no solo refleja una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación, y el manejo eficiente de los recursos públicos. Pues lo que debía ser una solución puntual, se está convirtiendo en una práctica estructural.
Y un gobierno que está normalizando el gasto en alquileres y no hace otra cosa que comprometer nuestra sostenibilidad y el futuro de nuestros hijos e hijas.
A esto se suma un elemento que no puede pasarse por alto: la existencia de contratos adjudicados a proveedores que han sido previamente sancionados por la Dirección General Contrataciones. Y por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo.
Tanto el PLD como el pueblo dominicano exigen explicaciones, revisión y responsabilidad. Tal es el caso del proveedor Kury Limited, que, a pesar de haber sido suspendido por prácticas fraudulentas, mantiene contratos vigentes, según consta en la Dirección General de Contrataciones. Una inexplicable distorsión institucional.
Por ello, el Partido de Liberación Dominicana de manera responsable demanda:
- Una auditoría integral de los contratos de alquiler del período 2021 a la fecha..
- La formulación de un Plan Nacional de Infraestructura Pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres.
- La creación de un inventario único de activos del Estado, que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.
El PLD continuará cumpliendo su rol de fiscalizar, proponer y advertir, con la responsabilidad que el momento exige y que nos caracteriza. Porque gobernar para el bien común y el sacrificado pueblo dominicano, requiere tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no que nos hipotequen el futuro.