SANTO DOMINGO,- La embajadora de los Estados Unidos en el país, aseguró este martes que el proceso para que la República Dominicana acoja un «número limitado» de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos se realizará respetando la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes.
Leah Francis Campos aclaró que el acuerdo, que busca «facilitar» el retorno de estas personas a sus naciones de origen, excluye a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados.
Mediante una publicación en Instagram, la embajadora señaló que hoy, la República Dominicana se ha sumado a otros países socios de la región al firmar un Acuerdo sobre Nacionales de Terceros Países (TCNA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos para facilitar el traslado temporal, a corto plazo, caso por caso, de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes criminales que hayan sido sometidos a un proceso de selección.
Indicó que este memorando de entendimiento a corto plazo permite a Estados Unidos remover y repatriar a ciudadanos de terceros países con mayor rapidez, «respetando al mismo tiempo, la legislación dominicana, la soberanía del país y los procedimientos fronterizos vigentes».
«Estados Unidos agradece la amistad que nos une a la República Dominicana, con la que colaboramos para reforzar la seguridad regional, combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el hemisferio», dijo la embajadora.
- Tránsito únicamente: Los extranjeros deben estar en condiciones de tránsito y no poseer antecedentes penales.
- Exclusiones: El acuerdo no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados.
- Apoyo internacional: El Gobierno de los Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para asegurar condiciones adecuadas durante la estancia y facilitar un retorno ordenado a los países de origen.
- Respeto a la soberanía: La implementación se realizará caso por caso, respetando el ordenamiento jurídico nacional y sin alterar la política migratoria ni los controles fronterizos vigentes en el país.