SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó preocupación por varios casos que, según señaló su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, evidencian las dificultades que enfrentan algunas personas privadas de libertad dentro del sistema de justicia dominicano.
Entre los casos citados está el de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva, desde 2006, sin una sentencia definitiva, hasta que la intervención de la Defensa Pública permitió que recuperara su libertad en 2026.
Asimismo, la institución citó la detención de 13 personas durante más de un mes sin haber sido presentadas ante un juez y posteriormente fueron liberadas mediante una acción de hábeas corpus.
Prisión preventiva de casi 20 años
Castaños Guzmán manifestó preocupación por la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento de algunos casos, debido a que una persona puede permanecer durante años privada de su libertad mientras su situación legal continúa sin una respuesta definitiva.
La FINJUS sostuvo que, aunque la seguridad ciudadana exige respuestas firmes frente al delito, la actuación del Estado debe estar sometida a la Constitución, la ley, la proporcionalidad, la dignidad humana y el debido proceso.
Asimismo, consideró que esta situación refleja fallas acumuladas del sistema de justicia penal, entre ellas, procesos que se extienden más allá de lo razonable, períodos prolongados de privación de libertad y el riesgo de que la prisión preventiva se convierta en una pena anticipada.
La organización afirmó que cualquier acto de privación de libertad que exceda los límites establecidos por la legislación debe ser revisado y corregido con urgencia por las autoridades competentes.
Castaños Guzmán recordó que la libertad es la regla y su restricción constituye una excepción sometida a límites, garantías y controles estrictos. También señaló que la prisión preventiva no es una condena ni una sanción anticipada y que toda persona detenida conserva la presunción de inocencia.
Finalmente, sostuvo que corresponde a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los órganos responsables de la administración penitenciaria garantizar que ninguna persona permanezca privada de libertad debido a la ineficiencia, las dilaciones o la falta de coordinación del sistema de justicia.
