Por Ramón Morel
A una semana del inicio del año escolar 2026-2027, la República Dominicana vuelve a encontrarse frente a una paradoja que debería provocar algo más que explicaciones administrativas: un país que destina miles de millones de pesos a la educación pública todavía tiene niños cuyos padres buscan dónde sentarlos para recibir clases.
El próximo 24 de agosto deberán regresar a las aulas más de dos millones de estudiantes. El Ministerio de Educación asegura que realiza los preparativos necesarios para que el comienzo sea organizado y exitoso.
Pero hay una cifra oficial que arruina cualquier intento de presentar el panorama como una simple rutina previa al inicio de clases.
Hasta junio, el sistema educativo registraba un déficit de 87,219 cupos escolares. La propia Dirección de Infraestructura Escolar proyectó incorporar 1,988 aulas durante 2026, suficientes —calculadas a un máximo de 35 estudiantes por salón— para habilitar 69,580 plazas y reducir el faltante a 17,639 estudiantes al cierre del año.
Conviene detenerse ahí.
No estamos hablando de una denuncia de la oposición, de una estimación sindical ni de una percepción levantada en las redes sociales. Estamos hablando de las propias cifras utilizadas para describir la magnitud del problema.
El Gobierno tiene derecho a mostrar lo que está haciendo. Al 12 de agosto, Educación informaba que había incorporado más de 1,200 aulas nuevas y que esperaba alcanzar 1,500 antes del comienzo del año escolar. También reportaba trabajos de mantenimiento correctivo en 1,342 planteles y 94 centros con obras activas que debían concluir durante agosto.
Es esfuerzo. Hay que reconocerlo.
Pero reconocer el esfuerzo no obliga a confundirlo con el resultado.
Incluso la proyección oficial de casi dos mil aulas nuevas durante todo 2026 admite que el déficit no desaparecerá este año. El objetivo es reducirlo cerca de un 80 %, no eliminarlo. Y parte de las aulas previstas serán incorporadas entre agosto y diciembre, es decir, después de iniciado el período docente.
Ahí comienza la discusión que realmente importa.
El problema es la planificación
La República Dominicana lleva más de una década bajo el esquema del denominado 4 % para la educación preuniversitaria. La propia documentación presupuestaria de 2026 recoge la obligación establecida por el artículo 197 de la Ley 66-97 respecto de la inversión educativa.
El 4 % nunca significó que todos los problemas desaparecerían por decreto. Educación es probablemente una de las estructuras más complejas del Estado: profesores, alimentación, transporte, infraestructura, tecnología, currículo, mantenimiento, administración y millones de estudiantes.
Precisamente por eso el dinero debía comprar algo más que edificios.
Debía comprar capacidad de planificación.
Después de seis años de administración del presidente Luis Abinader, la falta de cupos ya no puede explicarse únicamente como una herencia recibida. Cada año escolar transcurrido produjo información sobre matrícula, crecimiento poblacional, migración interna, concentración urbana, demanda territorial y estado de los planteles.
El Estado sabe dónde crecen los barrios.
Sabe dónde se saturan las escuelas.
Sabe dónde aparecen listas de espera.
Sabe cuánto tarda en levantarse un plantel.
Y dispone de un presupuesto multimillonario para anticiparse.
Entonces, cuando faltando días para comenzar las clases todavía se trabaja contra el reloj para incorporar aulas, terminar centros y encontrar espacio para estudiantes, el problema deja de ser exclusivamente de infraestructura.
Se convierte en un problema de gestión.
Cuando aparece la Iglesia buscando espacio
Quizás la imagen más reveladora de esta situación no haya salido esta vez del Ministerio de Educación.
Este domingo, el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a empresarios y emprendedores a colaborar adquiriendo o alquilando espacios para evitar que niños y adolescentes se queden fuera de las aulas. Dijo, además, que personalmente ha ayudado a ubicar alrededor de 200 estudiantes.
El gesto merece reconocimiento.
Pero políticamente debería producir preocupación.
Porque cuando representantes de la sociedad tienen que movilizar recursos privados para encontrar espacio educativo a estudiantes a pocos días de comenzar las clases, no estamos únicamente ante una expresión de solidaridad.
Estamos ante una señal de que la capacidad pública disponible no alcanza donde debería alcanzar.
Naturalmente, siempre será saludable que empresarios, iglesias y organizaciones sociales colaboren con la educación. Una sociedad no tiene por qué descargar toda responsabilidad sobre el Estado.
Pero hay una diferencia enorme entre colaborar para mejorar la educación y colaborar para conseguir el aula que el sistema público todavía no puede garantizar.
La primera es participación social.
La segunda revela una insuficiencia.
No es cuánto se gasta, sino qué resuelve
Durante años hemos discutido el 4 % como si alcanzar una determinada cantidad de dinero fuese, por sí misma, una política educativa.
No lo es.
Un presupuesto es un instrumento. Su verdadero valor comienza cuando puede medirse qué problemas resolvió.
¿Cuántas aulas necesitaba realmente el país?
¿Cuándo se identificó dónde hacían falta?
¿Cuántas debieron comenzar a construirse dos o tres años antes?
¿Cuántas obras se retrasaron y por qué?
¿Cuánto del déficit obedece al crecimiento inesperado de la matrícula y cuánto a proyectos que simplemente no estuvieron disponibles cuando debían estarlo?
Esas son las preguntas que deberían acompañar cada anuncio de nuevas aulas.
Porque un gobierno no puede medir su gestión únicamente por la cantidad de obras que entrega. También tiene que responder por las necesidades que, teniendo tiempo, información y recursos, no consiguió anticipar.
Y esta administración ya tuvo tiempo.
Luis Abinader llegó al poder en agosto de 2020. El niño que entonces entraba al primer grado está a punto de comenzar un nuevo año escolar seis cursos después.
Ya no estamos en el primer presupuesto.
Ni en el primer levantamiento de necesidades.
Ni en el primer agosto.
Un aula no puede ser una emergencia cada agosto
El Ministerio de Educación probablemente conseguirá reducir considerablemente el déficit. Las nuevas aulas representan una mejora real y sería absurdo negarla.
Pero esa no puede ser la medida final del éxito.
La pregunta correcta no es cuántos pupitres consiguió habilitar el Gobierno durante las últimas semanas.
La pregunta es por qué tuvo que llegar a las últimas semanas para resolver una necesidad perfectamente previsible.
La educación dominicana necesita mejores aprendizajes, mejores docentes, evaluación, disciplina, tecnología y transformación curricular.
Pero antes de todo eso necesita una condición bastante menos sofisticada:
que cada niño tenga dónde sentarse.
El 24 de agosto comenzarán las clases.
Ese día podremos contar las aulas inauguradas, los uniformes distribuidos y los actos oficiales celebrados.
Pero hay otro número que merece mucha más atención.
El de los niños que todavía estén buscando un aula.
Porque después de tantos años de 4 %, tantos presupuestos y seis años del mismo Gobierno, un pupitre no debería seguir siendo una emergencia de agosto.
