Por José Cáceres
SANTO DOMINGO.- El director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), el abogado, Harold Modesto, llamó a todos los abogados del país, como una sugerencia sana, a estudiar a profundidad el nuevo Código Penal, debido a la complejidad de algunos de sus conceptos y a los cambios introducidos respecto de la legislación anterior; al tiempo que aseguró que algunas de las modificaciones que sufrió la normativa, “debió haber tenido alguna influencia del Ministerio Público”.
Sus afirmaciones las expresó al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el espacio “De Entero Crédito” que se produce de lunes a viernes a las ocho de la noche por RNN, Canal 27.
Modesto advirtió que en República Dominicana no existe todavía una plataforma lingüística que permita comprender con claridad algunos de los términos y categorías incorporados en la nueva normativa.
El jurista dijo que tampoco está claro de dónde partió el cambio en la categorización de las conductas punibles, al establecerse nuevas denominaciones y clasificaciones relacionadas con crímenes, delitos, contravenciones e infracciones graves, muy graves y leves.
“Esos términos no son producto del debate nacional”, sostuvo Modesto, quien consideró que cuando se introducen conceptos de esa naturaleza sin que exista una discusión amplia sobre su significado y alcance, se corre el riesgo de generar dificultades en la interpretación y aplicación de la justicia.
Insistió en la necesidad de que los profesionales del derecho conozcan a fondo cada una de las disposiciones del nuevo Código Penal y sus diferencias con el régimen jurídico anterior.
El reputado docente e investigador también manifestó su preocupación por lo que podría ocurrir con la jurisprudencia, los criterios de interpretación y los procedimientos construidos durante años alrededor del antiguo Código Penal.
Consideró que podría producirse una especie de abandono de todo lo que se ha desarrollado bajo el viejo código frente a lo que dispone la nueva normativa, situación que, según explicó, obligará a los operadores del sistema de justicia a realizar un proceso profundo de adaptación.
Sostuvo que muchos casos penales continuarán siendo tratados bajo las disposiciones del código anterior, debido a que resulta prácticamente imposible que en un período de apenas dos años el sistema judicial pueda estar completamente preparado para trabajar exclusivamente con la nueva legislación.
“Es casi imposible que en dos años se allane todo para trabajar con el nuevo Código Penal”, afirmó.
En ese sentido, estimó que podría tomar alrededor de cinco años para que el sistema de justicia dominicano esté en condiciones de trabajar de manera integral con las nuevas disposiciones y que la mayoría de los delitos sean tramitados bajo el nuevo régimen.
Modesto insistió en que la transición requerirá tiempo, capacitación y un proceso de estudio permanente por parte de jueces, fiscales, abogados y demás actores del sistema judicial.
Para el jurista, el reto no consiste únicamente en promulgar un nuevo Código Penal, sino en lograr que quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo puedan interpretarlo correctamente y garantizar que sus disposiciones se traduzcan en una administración de justicia clara, coherente y respetuosa de los derechos fundamentales.
El director del Observatorio Judicial de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Harold Modesto, afirmó que entre abogados existe la sospecha de que el Ministerio Público tuvo una importante incidencia en la modificación de numerosos artículos del nuevo Código Penal dominicano.
Modesto explicó que esa percepción entre los profesionales del derecho se ha fortalecido luego de la promulgación de la nueva legislación, debido a la defensa “con ardor” que, según dijo, ha asumido el Ministerio Público respecto al contenido del nuevo Código Penal.
“Los abogados tienen esa sospecha porque el Ministerio Público, luego de la promulgación del Código Penal, lo defiende con mucho ardor”, señaló el jurista, al analizar las implicaciones que podría tener la nueva normativa en el sistema de justicia.
El director del Observatorio Judicial de FUNGLODE puso especial atención en las disposiciones relacionadas con el peligro de fuga y la imposición de medidas de coerción, al considerar que la nueva legislación introduce elementos que podrían tener consecuencias importantes sobre la cantidad de personas enviadas a prisión preventiva.
Explicó que el nuevo Código Penal incorpora la gravedad del hecho como una variable que puede ser tomada en cuenta para determinar la imposición de medidas de coerción, un elemento que, según precisó, no estaba contemplado de esa manera en el antiguo Código Procesal Penal.
A juicio de Modesto, esa disposición podría provocar un incremento de la población carcelaria del país, debido a que abre mayores posibilidades para que, ante determinados hechos considerados graves, los tribunales adopten medidas de coerción más severas.
“Ahora los jueces la tendrán un poco más fácil en ese sentido”, sostuvo el jurista, al referirse a la manera en que la nueva normativa establece parámetros que pueden ser utilizados al momento de valorar las medidas de coerción.
Modesto consideró que las consecuencias prácticas de esas modificaciones deberán observarse con detenimiento cuando el nuevo Código Penal comience a aplicarse plenamente, especialmente por el impacto que podrían tener sobre la prisión preventiva y el congestionamiento del sistema penitenciario.
El jurista planteó, además, la necesidad de que abogados, jueces, fiscales y demás actores del sistema de justicia estudien cuidadosamente el alcance de las nuevas disposiciones, a fin de determinar cómo serán interpretadas y aplicadas en los tribunales.
La discusión, según Modesto, no debe limitarse al contenido formal de la nueva legislación, sino también a sus efectos concretos sobre los derechos de las personas sometidas a procesos judiciales y sobre la capacidad del sistema penitenciario dominicano para recibir una eventual mayor cantidad de internos.
