SANTO DOMINGO.-El juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat continuará este viernes con la presentación de los elementos técnicos sobre las condiciones que precedieron al desplome del techo de la discoteca Jet Set.
La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, presidida por el juez Franny González Castillo, tiene previsto reanudar la audiencia a las 9:00 de la mañana para continuar escuchando a especialistas vinculados con las investigaciones realizadas sobre los escombros y la estructura del establecimiento, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La jornada dará continuidad a la fase técnica del proceso, luego de que los principales peritos presentados por el Ministerio Público, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo de Jesús Reyes Madera, y el ingeniero Máximo José Corominas Quezada, concluyeran sus declaraciones.
Durante su testimonio, Reyes Madera sostuvo que las cargas vivas colocadas sobre el techo del Jet Set eran cinco veces superiores a la capacidad original de soporte de la estructura, conclusión obtenida a partir del peritaje realizado tras el colapso.
A partir de esta etapa, el tribunal también conocerá los análisis técnicos incorporados por la defensa de los hermanos Espaillat, que ha propuesto especialistas independientes para exponer sus conclusiones. Entre ellos figuran el ingeniero José M. Lockhart, en representación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y el consultor internacional Nicolás Saens, especialista en estructuras y análisis forense.
Sobre el caso
El Ministerio Público sostiene que Antonio y Maribel Espaillat conocían las condiciones en que se encontraba el techo de la discoteca y, pese a ello, no adoptaron las medidas necesarias para corregirlas. La acusación agrega que la caída de escombros en el establecimiento era un hecho recurrente.
El proceso busca determinar las circunstancias que provocaron el colapso ocurrido el 8 de abril de 2025 y establecer las responsabilidades penales que correspondan por la muerte de las 236 personas y las lesiones sufridas por más de 180.
