SANTO DOMINGO.-Diez de los imputados en el caso SeNaSa 2.0 admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público durante la audiencia de medida de coerción celebrada este miércoles, según confirmó al cierre de la jornada la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
La audiencia, encabezada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se extendió por más de nueve horas y fue aplazada para este jueves 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde, cuando continuará el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados.
Ortiz explicó que, además de los diez imputados que reconocieron los hechos, algunos de los procesados que han manifestado disposición de declarar se encuentran negociando con el Ministerio Público, situación que podría derivar en solicitudes de variación de las medidas de coerción para determinados acusados.
La información comenzó a trascender durante los recesos de la audiencia, cuando abogados de los imputados ofrecieron detalles sobre las posiciones asumidas por sus representados. El abogado Félix Portes había informado inicialmente que varios de los procesados reconocían los hechos y que algunos manifestaban sentirse avergonzados por la situación.
Ortiz precisó posteriormente que son diez los imputados que, hasta ese momento, habían admitido los hechos, mientras que otros mantienen su rechazo a las acusaciones.
Durante la audiencia, el Ministerio Público comenzó a presentar los elementos contenidos en su solicitud de medida de coerción, un expediente de 525 páginas en el que solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La acusación describe un supuesto esquema mediante el cual se habrían utilizado datos reales de afiliados de SeNaSa para gestionar autorizaciones y posteriormente facturar consultas y procedimientos médicos que, según el órgano persecutor, no fueron solicitados ni recibidos por los beneficiarios.
La investigación comprende el período entre enero de 2021 y febrero de 2025 y, de acuerdo con el expediente, identifica 4,363 autorizaciones relacionadas con consultas y procedimientos por un monto aproximado de RD$41.1 millones.
Según la tesis del Ministerio Público, en el supuesto entramado habrían participado médicos, empleados y exempleados de SeNaSa y otras personas vinculadas al sector salud.
El órgano persecutor sostiene además que el mecanismo habría afectado a afiliados de la aseguradora estatal, debido a que las reclamaciones cuestionadas aparecían registradas a sus nombres y consumían parte de la cobertura disponible en sus pólizas.
Después de varias horas de audiencia, Mirna Ortiz confirmó que diez procesados habían admitido los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
La funcionaria también reveló que algunos de los imputados que desean declarar se encuentran en conversaciones con la Fiscalía, lo que podría llevar al Ministerio Público a solicitar una variación de la medida de coerción para determinados procesados.
La situación comenzó así a dividir las posiciones de los acusados. Mientras un grupo habría reconocido los hechos, otros mantienen su negativa y aseguran que no participaron en las maniobras descritas por la Fiscalía.
El abogado Félix Portes había explicado durante uno de los recesos que algunos de sus representados se sentían avergonzados por la situación y que existía disposición de colaborar con las autoridades.
La posición de los abogados tampoco ha sido uniforme. Mientras algunas defensas cuestionan la necesidad de imponer 18 meses de prisión preventiva, otras sostienen la inocencia de sus representados y rechazan los señalamientos contenidos en el expediente.
Algunos abogados han planteado la posibilidad de medidas alternativas a la prisión preventiva y han preparado documentos para demostrar el arraigo de sus clientes.
Durante uno de los recesos, el abogado Nolasco Rivas manifestó que no podía confirmar cuáles de los imputados estaban negociando con el Ministerio Público, debido a que las declaraciones e interrogatorios se realizaban de manera individual.
La diferencia de estrategias se hizo más evidente a medida que avanzaba la audiencia: mientras algunos procesados asumían una posición de reconocimiento y posible colaboración, otros continuaban defendiendo su inocencia.
La acusación del Ministerio Público sostiene que una de las modalidades investigadas consistía en obtener información de afiliados, gestionar autorizaciones para servicios médicos y posteriormente reclamar pagos a SeNaSa por procedimientos que supuestamente no habían sido realizados.
El expediente recoge casos en los que afiliados habrían declarado ante los investigadores que desconocían consultas, diagnósticos o procedimientos que aparecían registrados a sus nombres.
Entre los elementos presentados figuran autorizaciones médicas, reclamaciones y documentos que, según el Ministerio Público, habrían sido utilizados para sustentar los pagos reclamados a la ARS estatal.
La Fiscalía también plantea que se utilizaron datos de afiliados y otros mecanismos para dar apariencia de legitimidad a las reclamaciones investigadas.
Todos estos señalamientos corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser ponderados durante el proceso judicial.
Antes del inicio formal del conocimiento de la coerción, familiares de varios de los procesados realizaron un momento de oración por sus parientes. Reunidos en las inmediaciones del tribunal, elevaron plegarias mientras esperaban el comienzo de una jornada que se extendería durante horas.
La audiencia estaba pautada para las 2:00 de la tarde, pero la espera se prolongó antes de que el juez iniciara formalmente el conocimiento.
Con el paso de las horas, los familiares permanecieron atentos a las informaciones que ofrecían los abogados cada vez que salían de la sala durante los recesos.
