PHD se querella por presunto uso de poderes con firmas falsas presentados ante el TSE

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Santo Domingo.– El Partido Humanista Dominicano (PHD) informó que presentó este lunes una querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional por el presunto uso de poderes de representación con firmas falsas en procesos llevados ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

De acuerdo a un comunicado de prensa, la acción fue interpuesta contra el abogado Juan de la Rosa Méndez y los dirigentes Eléxido Paula, presidente advitam; Julián Burgos, Secretario Nacional de Organización, y Mayra Méndez, Secretaria Nacional de Actas y Correspondencia, quienes, según aseguran, “son los autores de la confección de los poderes falsos”.

Dijeron en la querella que estos se asociaron para confeccionar poderes con firmas falsas de dirigentes para ser usados en el TSE, “con lo cual obtuvieron una decisión que ordenó la suspensión de la VII Convención Nacional Ordinaria del Partido Humanista Dominicano (PHD), prevista para el 20 de septiembre de 2026”.

Según la querella, los tres dirigentes habrían confeccionado los poderes y el abogado los habría utilizado ante el tribunal electoral.

“Estas personas se asociaron para confeccionar estos poderes con firmas falsas de dirigentes, los cuales fueron presentados en un proceso que dio lugar a la decisión de la VII Convención Nacional Ordinaria de nuestro partido”, agregaron.

Según explicaron, si se acredita que los poderes fueron usados para obtener una decisión judicial, “los hechos también deben examinarse como una posible estafa judicial”.

La entidad política añadió que personas cuyos nombres figuran en los documentos presentados ante el Tribunal Superior Electoral niegan haber autorizado esa representación.

El Partido Humanista Dominicano pidió a las autoridades determinar quiénes elaboraron, suministraron y presentaron los poderes, así como la responsabilidad que pudiera corresponder a cada involucrado.

La organización política reiteró su confianza en una investigación objetiva y afirmó que busca proteger tanto sus derechos institucionales como la integridad de los procesos judiciales.

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