Por José Cáceres
SANTO DOMINGO.— El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, describió un panorama que calificó de lúgubre respecto al funcionamiento de varias instituciones del Estado, al cuestionar las actuaciones de miembros de la Policía Nacional, Interior y Policía, el Ministerio Público y algunos jueces y fiscales en este desborde de la delincuencia en las últimas semanas; al tiempo que proclamó que muchas instituciones públicas encargadas de velar por la prevención no están haciendo absolutamente nada.
Sus duros pronunciamientos los hizo al ser entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el espacio “De Entero Crédito” que produce de lunes a viernes por RNN, Canal 27, a las ocho de la noche.
Sostuvo que en la República Dominicana existen “bandas criminales que operan a la libre”, en perjuicio de la población, y puso como ejemplo la situación que, según afirmó, se registra en Boca Chica, donde —aseguró— los grupos conocidos como “los Boina” y “los Sanjuaneros” mantienen desde hace tiempo una disputa por el control de ese territorio.
El dirigente de los derechos humanos afirmó que esos grupos, según su versión, fueron creados por el fallecido narcotraficante Toño Leña, y agregó que esa situación es conocida por habitantes de la zona.
Al referirse al Ministerio Público, Almánzar declaró que, lamentablemente, esa institución “no acciona, ni siquiera por el rumor público”, por lo que exhortó a los jueces y fiscales que considera honorables a levantar su voz y actuar para defender la imagen de sus respectivas instituciones.
“Que saquen la cabeza por su gremio, que el pueblo se lo agradecerá”, manifestó.
Almánzar dijo, además, el funcionamiento de los tribunales de la República deja mucho que desear porque en determinados casos sus actuaciones terminan favoreciendo la impunidad de personas vinculadas a hechos delictivos.
Defensor del Pueblo no soporta auditoría
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos explicó que el funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo, por su pobre desempeño no soportaría hoy una auditoría institucional por la forma en que, según dijo, se conduce.
Acotó que su titular actúa prácticamente solo, no se reúne con los demás integrantes del organismo para discutir y establecer los planes de trabajo de la institución. Para Almánzar, una institución concebida para defender los derechos de los ciudadanos debe mantener una actuación colegiada, transparente y cercana a las necesidades de la población.
“La violencia no es solamente de los pobres”
Almánzar dijo que la violencia en el país se ha recrudecido y rechazó que el problema sea atribuido exclusivamente a los sectores de menores ingresos.
“La violencia aquí la gente solo la atribuye a los pobres”, insistió.
Relacionó el fenómeno con lo que definió como una crisis social y económica, y recordó planteamientos atribuidos al fenecido papa Juan Pablo II sobre los efectos del neoliberalismo y una sociedad en la que, según su interpretación, prevalece el interés del mercado y del dinero por encima de las personas.
Almanzar calificó como “una violencia increíble” el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al considerar que las irregularidades denunciadas alrededor de los servicios de salud y medicamentos han perjudicado a cientos de dominicanos.
No hay prevención de la delincuencia
El dirigente de los derechos humanos también responsabilizó a varias instituciones públicas de no cumplir adecuadamente, a su juicio, con las funciones preventivas que les corresponden. Mencionó específicamente a los ministerios de Deportes, de la Mujer y de la Juventud, instituciones que, según afirmó, deberían desempeñar un papel importante en la prevención de la delincuencia y la violencia. “Los hechos están ahí”, expresó al reclamar una mayor intervención de esos organismos en las comunidades.
Es falso las estadísticas de seguridad
Almánzar también puso en duda las informaciones que ofrece cada lunes el Ministerio de Interior y Policía sobre los indicadores de seguridad ciudadana, al afirmar que “son todos falsos”.
Como parte de sus cuestionamientos, aseguró que se han producido cientos de desapariciones de personas en diferentes provincias del país.
Citó específicamente a Santiago, La Vega y Santo Domingo Este, aunque no presentó públicamente durante sus declaraciones documentación que sustentara las cifras mencionadas.
Sobre las personas desaparecidas, hizo una grave acusación al afirmar que algunas serían asesinadas y sus cuerpos destruidos con sustancias químicas en tanques.
“Eso lo sabe la Policía Nacional porque a mí me lo han dicho policías y no dicen nada”, sostuvo. Estas afirmaciones constituyen señalamientos graves que requerirían ser sustentados con investigaciones oficiales, denuncias formales o evidencias verificables.
Acusa a agentes de apropiarse de bienes durante allanamientos
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos expuso que los procedimientos utilizados durante algunos allanamientos policiales. Aseguró que, en determinados casos, agentes se llevan pertenencias encontradas en las viviendas intervenidas y que posteriormente esos bienes serían repartidos entre algunos miembros del cuerpo policial.
Sentenció que no es un secreto que determinados delincuentes pagan “peajes” a agentes policiales corruptos para poder desarrollar sus actividades ilícitas. Según Almánzar, algunos de esos malos agentes también operarían mediante estructuras delictivas propias.
“El Estado de Derecho no funciona”
Finalmente, Almánzar dirigió sus críticas hacia el sistema político e institucional, al afirmar que grupos económicos de poder han “secuestrado al Poder Legislativo” para defender sus intereses.
“El Estado de Derecho no funciona en la República Dominicana y los hechos están ahí”, afirmó. Sus declaraciones constituyen una severa crítica al funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad, perseguir los delitos, administrar justicia y proteger los derechos fundamentales.
Las acusaciones formuladas por Almánzar sobre bandas criminales, corrupción policial, desapariciones, actuaciones judiciales y apropiación de bienes durante allanamientos son señalamientos que, por su gravedad, deben ser contrastados con las autoridades competentes y con evidencias verificables antes de establecerlos como hechos comprobados.
