SANTO DOMINGO.-El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto continuar este jueves el proceso de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a los demás imputados en el expediente por una presunta estafa contra el Estado dominicano que, según la acusación, supera los RD$15,000 millones.
La audiencia forma parte del seguimiento judicial al caso, en el que se investigan supuestas irregularidades administrativas y financieras relacionadas con el manejo de recursos de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.
Durante el proceso, el tribunal deberá evaluar la situación de los imputados y determinar si corresponde mantener o modificar las medidas de coerción impuestas.
El juez Deiby Timoteo Peguero concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar las investigaciones pendientes y preparar la presentación de una acusación formal contra los señalados.
La extensión del plazo permitirá incorporar al expediente los resultados de diligencias realizadas por instituciones auxiliares, entre ellas la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Estas actuaciones forman parte del proceso de recopilación y análisis de evidencias que desarrolla el órgano acusador para sustentar sus imputaciones.
El expediente judicial está relacionado con un supuesto esquema de irregularidades en la administración de recursos del Seguro Nacional de Salud, cuyo monto investigado supera los RD$15,000 millones, de acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público.
Las autoridades buscan establecer las posibles responsabilidades penales de los involucrados, así como determinar el alcance de las operaciones investigadas.
Santiago Hazim, quien dirigió la institución, figura entre los principales imputados del proceso, que continúa en fase de investigación.
Con la continuación de la audiencia, el Séptimo Juzgado de la Instrucción deberá examinar los planteamientos de las partes respecto a la vigencia de las medidas de coerción.
Mientras tanto, el Ministerio Público dispone del plazo adicional concedido para completar las diligencias pendientes y avanzar hacia la presentación de una acusación formal.
Los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva.
